Un conflicto que se acarrea por casi un semestre es el que se registra entre la Dirección de Presupuestos (Dipres) y los Gobiernos Regionales, debido al incumplimiento de la entrega de remesas, fondos aprobados y correspondientes a los presupuestos de cada región, lo que ha generado inquietud por la imposibilidad de pago a programas, proyectos y subvenciones, entre otras líneas de financiamiento.
A inicios de esta semana, el gobernador Rodrigo Díaz integró una delegación de la Agorechi (Asociación de Gobernadoras y Gobernadores de Chile) que sostuvo reuniones en La Moneda con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y con representantes de la Subsecretaría de Hacienda y Dipres. Tras la jornada, Díaz informó un ultimátum para conseguir la transferencia de recursos a más tardar durante la jornada de este viernes.
Ante este escenario, en sesión ordinaria del pleno del Consejo Regional, sus integrantes aprobaron de forma unánime la entrega de una carta de reclamo a la Dipres, la que será entregada por un grupo de cinco representantes de la corporación que se trasladarán hasta Santiago. Al respecto, el consejero Leonidas Peña, primera mayoría regional en la última elección, afirmó que esta deuda “va en desmedro de la calidad de vida de los habitantes de la región”.
Consultado por el inminente impacto en el empleo, Peña reconoció que “tendremos faenas paradas porque los recursos no están, tenemos pymes que trabajan en esto y tampoco se les ha podido cancelar porque los recursos no están”.
En esta línea, el consejero Francisco Reyes, presidente de la Comisión de Presupuestos, afirmó que “vemos proyectos que peligran su ejecución y el término de otras iniciativas. Proyectos que tienen que ver con infraestructura, que llegan a las comunas, a los sectores más humildes (…) Si nos disminuyen los recursos y no llegan, estos proyectos o no se van a realizar o van a quedar a la mitad. Y eso es un daño a los vecinos y vecinas de la región del Biobío”.
De acuerdo con lo indicado por el gobernador Rodrigo Díaz durante la semana, “se trata de más de $35 mil millones que se nos deben entregar, recursos que fueron aprobados en la Ley de Presupuestos de este año y que, por ende, le pertenecen al presupuesto de la Región del Biobío. Además de poner en riesgo decenas de inversiones y puestos de empleo, junto al peligro de quiebra de empresas contratistas, estamos hablando de inversiones que forman parte del Plan de Fortalecimiento Industrial de la región, el mismo que se puso en marcha para enfrentar la pérdida de más de 20 mil empleos tras el cierre de la compañía siderúrgica Huachipato”.
