Con los objetivos de establecer un mecanismo de pago permanente de la deuda, mejorar el acceso a la información financiera de las personas deudoras y que este proceso se realice con criterios de justicia y dignidad, el 18 de noviembre comenzará a funcionar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que tendrá los datos de quienes deben pensión de alimentos por tres meses consecutivos o cinco discontinuos.

La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Lorena Segura, relevó la importancia de esta normativa y de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas por Pensión de Alimentos, impulsadas por el actual gobierno, afirmando que «esta institucionalidad viene a plantear una nueva forma de responder a este tipo de violencia. Una mujer a la que no se le paga la pensión alimenticia es víctima de violencia económica, tanto ella como sus hijos e hijas».

En cifras, la autoridad recordó que un 87% de las personas que debe pagar pensiones de alimentos no lo hace y que figurar en el registro de deudores traer múltiples consecuencias, como la imposibilidad de renovar licencias de conducir y pasaportes o que la devolución de impuestos producto de la Operación Renta sea retenida por la Tesorería General de la República.

El nuevo marco legal permite que la persona que representa a las niñas o niños a quienes se les adeuda el pago de la pensión de alimentos, solicite la retención de los fondos que la persona alimentante deudora tenga en sus cuentas bancarias o en otros instrumentos financieros, cuando se adeude, al menos, una mensualidad de pensión de alimentos fijada por un tribunal con competencia en familia.

Para la seremi, junto con la mirada crítica de la «masculinidad hegemónica», el desafío central pasa por «avanzar en la política de la corresponsabilidad, de los cuidados compartidos» y sostuvo que informar y educar son claves.

Finalmente, Lorena Segura resaltó el compromiso de la actual administración, que se define como un «Gobierno Feminista», por una vida digna y libre de violencia, a través de acciones interministeriales que dan respuestas a las necesidades de las mujeres y que buscan concretar avances efectivos en igualdad y justicia desde una perspectiva de género.

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