Los municipios son una de las instituciones más golpeadas por el escándalo de los 25 mil funcionarios públicos que salieron del país encontrándose con licencia médica, de acuerdo con el noveno Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República.
Junto con señalar que se abrieron los sumarios para atender un proceso administrativo que “para nosotros y para la opinión pública es grave”, Ricardo Fuentes, alcalde de Hualqui y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío, indicó que “este es un tema que veníamos advirtiendo hace tiempo”.
“Esto era un secreto a voces, que existían funcionarios que hacían mal uso de las licencias, pero no se les podía hacer un seguimiento tan estricto (…) hoy está la oportunidad de que tanto la Contraloría como los legisladores puedan observar esto y generar un tratamiento que permita que no haya tanta liviandad en los controles”, aseguró.
El alcalde Fuentes planteó que, según la información entregada por la Contraloría, estos casos a nivel regional estarían limitado sólo a algunas comunas. Asimismo, profundizó en el efecto que el ausentismo prolongado genera en los municipios, especialmente en materia presupuestaria y en la atención a la ciudadanía en áreas como la salud o la educación.
En el Cesfam Hualqui, puntualizó, durante el mes de febrero llegaron a registrarse sesenta licencias en paralelo.
Respecto de los mecanismos de control interno, el jefe comunal reconoció que es un actuar complejo, ya que se corre el riesgo de caer en prácticas que puedan considerarse acoso laboral.
“Los diagnósticos de las licencias vienen sellados, por lo tanto, nadie sabe cuál es el diagnóstico ni tampoco podemos estar llamando a un funcionario que está con licencia, porque no corresponde. En ese sentido, el sistema se torna vulnerable”, declaró Fuentes.
Finalmente, el alcalde hualquino reflexionó en torno a esta situación, señalando que “cuando hay una licencia común y la persona es de acá de Concepción, o de Valparaíso, y anda en La Serena, en Arica o en Punta Arenas, uno se pregunta qué está haciendo allá”.
“Creo que lo más rápido fue esto de cruzar la información en los aeropuertos y ver las personas que habían salido del país, pero entendemos hoy que la Contraloría está tratando de buscar una alternativa de cruzar información, datos, dentro del país y eso a mí me parece apropiado, porque así no habrá abuso”, concluyó.
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