Saúl González Cáceres es dirigente vecinal y social. En 2016 se presentó a las elecciones municipales, postulando al cargo de concejal por Concepción, rol que asumió finalmente en diciembre de 2020, año en que renunció finalmente a Renovación Nacional. Actualmente es candidato independiente por el Distrito 20.
En cuanto a sus motivaciones para postular, plantea dos conceptos que lo identifican: meritocracia y resiliencia. “Cuando fui concejal pude conocer la realidad de mi comuna y créanme que tengo súper claro que para que las familias salgan de la vulnerabilidad social, el primer paso es la obtención de la casa propia”.
“Hoy tenemos problemas en salud, hay noticias sobre déficit al interior de los hospitales y eso da cuenta de lo que está realmente sucediendo con la lista de espera, por ejemplo. He hecho fila en el consultorio Víctor Manuel Fernández a las 4 de la mañana. Entonces, esa realidad que yo conozco, de la cual he vivido en primera persona, quiero llevar al Congreso y va a haber leyes que nosotros vamos a promover en virtud de estas mismas iniciativas que son la realidad de los vecinos, la cotidiana, la común y corriente”, manifestó.
Respecto a su postulación como independiente, señala que además de las coaliciones en el Congreso hay otra variable: el “voto bisagra”. “Cuando ya no hay con quién llegar acuerdo siempre falta alguien para dirimir. En Concepción tenemos un caso. El año 2010 había que elegir después del terremoto un alcalde y fue un voto independiente el que decidió. Yo creo que no darle su lugar al independiente, desde el punto de vista de la votación en el Congreso, es un error. El independiente puede ser tremendamente decisivo en la votación en un proyecto de ley”.
Sobre seguridad, Saúl González recordó el caso de Nabila Riffo y el beneficio al que accedió al imputado. “La corte dio 24 años, pero él accedió al beneficio a los 10 años. Nuestros tribunales no pudieron retener a esta persona porque hay un decreto ley que le permite optar al beneficio. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Un proyecto de ley para que este Decreto sea modificado, para que las personas que son condenadas cumplan pena efectiva o, a lo menos, el 75% de su condena”.
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