Tras siete meses de trabajo, la comisión de Sistema Político realizó su último pleno en el que se debatieron y aprobaron normas respecto a la fijación de sueldo
de las autoridades, la prohibición para que condenados por cualquier tipo de delitos accedan a cargos públicos y las reglas para el funcionamiento de las policías.

Sobre probidad se estableció que será una comisión la que fije los sueldos en los cargos de elección popular y sus asesores de confianza, los que se establecerán cada cuatro años, con al menos dieciocho meses de anterioridad al término de un periodo presidencial.

En paralelo el artículo 13 eleva el estándar que existe hasta el minuto sobre las autoridades, pues señala que “no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley”, propuesta que fue aprobada por 122 votos a favor, 1 en contra y 27 abstenciones.

Policías no militarizadas

Uno de los temas que quedaba pendiente de la anterior votación del segundo bloque era la definición de las policías. Finalmente, se visó que éstas son “instituciones policiales, no militares, de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile, y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales, en el marco de sus competencias”.

También se aprobó que deberán incorporar la perspectiva de género en sus funciones, promover la paridad en la toma de decisiones y que se trata de instituciones
profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes.

Sobre este punto los coordinadores de la comisión explicaron el sentido de desmilitarizar a las policías. “Lo que queremos dejar claro acá es que la función militar es distinta a la función policial… tiene que ver con el nuevo foco que debe tener la policía”, dijo Ricardo Montero. A su vez, Rosa Catrileo agregó que “la norma que propusimos y que se aprobó establece cuáles son los objetivos de las policías, que en este caso es resguardar la seguridad, dar eficacia al derecho y por sobre todo el respeto irrestricto a los Derechos Humanos”.

Estados de Excepción

En el último pleno de Sistema Político correspondía además pronunciarse sobre los estados de excepción constitucional. Las normas aprobadas buscan un mayor control
sobre las limitaciones de los derechos en estas situaciones.

La propuesta que pasa al borrador establece tres estados: se eliminó el Estado de Emergencia, y se mantiene el Estado de Catástrofe aprobado anteriormente, el Estado de
asamblea y Estado de Sitio. Estos últimos son definidos en el artículo 22: El estado de asamblea, en caso de conflicto armado internacional, y el estado de sitio, en caso de
conflicto armado interno, serán declarados por la Presidenta o Presidente de la República con la autorización del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las
Regiones, en sesión conjunta. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente.

Otra de las novedades respecto de la actual constitución es que cuando se declare alguno de los estados de excepción se constituirá una Comisión de Fiscalización dependiente del Congreso de Diputadas y Diputados con integración de representantes regionales, que fiscalizará las medidas adoptadas.

Hora de balances

Los coordinadores de Sistema Político realizaron un balance al cierre de los siete meses de trabajo. “Podemos declarar y estar contentos de que hemos presentado y propuesto a Chile un sistema político sólido, consistente con las definiciones que ya hemos dado como Convención Constitucional, estado regional, plurinacional y paritario”, dijo Catrileo. Mientras que Montero agregó que “tomamos temas que son muy importantes para la ciudadanía como probidad, transparencia y buen gobierno, subiendo los estándares ….con este sistema político, con esta propuesta podemos avanzar en mayor democracia, transparencia y respeto a los derechos humanos”.