El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo durante esta jornada una reunión con dirigentes de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur) para abordar los principales desafíos y el trabajo en conjunto, en una semana marcada por la movilización que grupos de camioneros impulsaron en distintos puntos del país y la presentación de nueve querellas por Ley de Seguridad del Estado por parte del Gobierno.

Al término de este encuentro, señaló que su visita a la Región del Biobío y la serie de reuniones con los representantes del gremio responden a la instrucción presidencial de priorizar el diálogo y la seguridad como «elementos esenciales de la democracia».

Para cumplir con este objetivo, agregó, se ha conformado un equipo integrado además de Monsalve por los subsecretarios de Transportes y de Obras Públicas.

Junto con relevar la importancia de la actividad del transporte, el subsecretario señaló que las movilizaciones de los últimos días «han interrumpido el libre tránsito por rutas estratégicas para Chile».

Para ejemplificar los efectos del paro, indicó que el bloqueo de carreteras en la Región de Antofagasta impidió el tránsito de camiones a Chuquicamata, haciendo perder a Codelco un turno, equivalente a diez millones de dólares.

Manuel Monsalve profundizó en las demandas expuestas por los dirigentes del gremio y afirmó que serán abordadas de manera intersectorial. Consultado sobre la posibilidad de que, pese a las reuniones, los camioneros decidan continuar movilizados, aseguró que «el Gobierno va a preservar el estado de derecho».

Respecto de los últimos hechos de violencia ocurridos en la macrozona sur, la autoridad sostuvo que el Ejecutivo va a perseguir los actos criminales fortaleciendo las capacidades de seguridad, el trabajo de Fiscalía y las capacidades del estado para perseguir organizaciones violentas.

El diálogo, recalcó Monsalve, «busca no sólo escuchar, sino que tomar decisiones». Con este objetivo, adelantó que se le solicitó a los transportistas definir temas prioritarios y canalizarlos a través de la Delegación Presidencial Regional para trabajarlos durante mayo.

En la reunión también participó la delegada presidencial Daniela Dresdner, quien respondió a las críticas por la decisión del Ejecutivo de presentar querellas por LSE. Junto con precisar que en Biobío no fue necesario presentarlas, debido a que el diálogo permitió levantar los bloqueos antes del término del plazo establecido, Dresdner profundizó en el «daño estratégico» que generan estas movilizaciones.

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio del Interior, las nueve querellas por Ley de Seguridad del Estado interpuestas luego del paro de camioneros y bloqueo de carreteras corresponden a 3 en la Región de Antofagasta, 2 en Tarapacá y una en las regiones de Coquimbo, Maule, Los Lagos y Magallanes.