La Comisión de Salud del Senado sesionó este lunes con el objetivo de revisar el informe de la Contraloría General de la República sobre los más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron fuera del país encontrándose con licencia médica. En dicha instancia participaron la contralora Dorothy Pérez, la ministra de Salud, Ximena Aguilera; y la subsecretaria de la cartera, Andrea Albagli.

El senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión, llamó a buscar soluciones que permitan enfrentar lo que definió como un “portonazo al estado” y sostuvo que es probable que las recientemente promulgadas modificaciones a la Ley Nº 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, no alcancen para responder a la magnitud de la crisis.

Junto con explicar los aspectos centrales del informe dado a conocer el martes pasado, Dorothy Pérez señaló que el periodo revisado por el órgano contralor “no tiene ninguna consideración política” y reiteró que como institución requieren que no se “instrumentalice su trabajo”.

La contralora expuso los hallazgos efectuados a partir del cruce de las bases de datos tanto de la Superintendencia de Seguridad Social como de la Policía de Investigaciones, con 5.147.997 licencias médicas entregadas a personal del sector público o de instituciones privadas financiadas con fondos públicos y 1.231.362 registros de entradas y/o salidas de funcionarios.

A partir de ese chequeo, indicó, fueron identificados 25.078 funcionarios viajaron fuera del país durante el periodo de reposo establecido o en una parte de este. Para esos funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponden a permisos entregados por Fonasa.

Los titulares de esas 35.585 licencias habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el respectivo permiso.

Pérez recordó que, en el caso de las licencias psiquiátricas, dictámenes de la Suseso indican que estas solo permiten un desplazamiento de acuerdo con la indicación del profesional de la salud, pero no permiten salir del país.

Al momento de entregar distintos ejemplos de esta situación, la autoridad planteó que, al menos en un caso, fue posible identificar a una profesional de la salud que se auto otorgó una licencia y viajó al extranjero durante ese periodo. Otros, en tanto, habrían realizado estudios fuera de Chile en la misma condición.

Respecto de las acciones tomadas, Dorothy Pérez indicó que se ordenó la apertura de los sumarios administrativos correspondientes, además de entregar los antecedentes tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado.

Finalmente, la contralora criticó el actuar de las instituciones del estado ante esta situación, señalando que una prioridad debe ser reforzar el control interno. “Este cruce de datos es algo que ya se podría haber hecho, no solamente esperar al órgano de control externo”, señaló.

Por su parte, la ministra Ximena Aguilera recordó que 2022, el primer año del actual Gobierno, fue el de mayor uso de licencias médicas, y que, en ese contexto, “hemos trabajado tres proyectos de ley relacionados a este tema”: licencias médicas de grandes emisores, fortalecer la capacidad contralora de Fonasa y la modificación del subsidio de incapacidad laboral.

En esta línea, la subsecretaria Andrea Albagli hizo referencia al trabajo realizado a nivel sistémico y también de manera piloto en servicios e instituciones donde se había identificado un ausentismo crónico, como la Junji. Centenares de casos de licencias fraudulentas, de viajes al extranjero o de doble empleador o doble cotización, fueron denunciados e investigados previamente a la publicación del informe de Contraloría, resolviéndose sanciones en distinto grado, incluida la desvinculación.

“Estamos trabajando en coordinación permanente con el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público, Fonasa y Suseso para abordar el mal uso de denuncias de emisores y trabajadores del sector público”, agregó la subsecretaria, quien recordó además que en el sitio web https://denuncias.milicenciamedica.cl/ la ciudadanía puede exponer situaciones irregulares en esta materia. Sólo en 2024, concluyó, se recibieron más de 1600 denuncias a trabajadores y prestadores, “las cuales todas fueron investigadas”.