La publicación en redes sociales de amenazas de tiroteo y otros actos de violencia en el Colegio Madres Domínicas de Concepción obligó al despliegue policial durante esta mañana, generó la suspensión tácita de las actividades luego de que la mayoría de los apoderados optara por no enviar a sus hijos al establecimiento, y trasladó hasta la capital del Biobío la discusión en torno a la convivencia escolar.
Julio Anativia, delegado presidencial regional, entregó más detalles respecto de lo sucedido, indicando que la brigada de Cibercrimen de la PDI Concepción ya se encuentra realizando las diligencias correspondientes a este caso, en el marco de una investigación de oficio abierta por el eventual delito de amenazas.
La autoridad adelantó la constitución de una mesa permanente destinada a abordar de forma integral las situaciones relativas a la convivencia escolar, junto a representantes del mundo educativo, de seguridad y de salud.
En paralelo, el gobierno anunció el envío de dos proyectos de ley con foco en mejorar la seguridad al interior de recintos educacionales, luego del asesinato de la inspectora María Victoria Reyes en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama el pasado 27 de marzo.
Una de las iniciativas modifica el Código Penal e incorpora como circunstancia agravante de responsabilidad penal cometer un delito en establecimientos educacionales.
El segundo proyecto, Escuelas Protegidas, faculta a los colegios a revisar mochilas para evitar el ingreso de elementos peligrosos, señala que interrumpir clases será considerado una falta grave a la convivencia escolar e indica que los condenados por delitos no podrán acceder a la gratuidad universitaria, entre otros aspectos.
La ministra María Paz Arzola afirmó que “la educación y el derecho a la educación, se están viendo amenazados por la inseguridad, por hechos violentos y por delitos que no debieran tener cabida en el espacio escolar”.
“Nuestros niños, nuestros profesores, nuestros inspectores, nuestros asistentes de la educación, están siendo expuestos a situaciones que no podemos tolerar ni mucho menos normalizar”, sostuvo el Presidente José Antonio Kast.
El mandatario abordó algunos aspectos particulares de esta iniciativa, por ejemplo, la propuesta de que los condenados por delitos no puedan acceder a la gratuidad universitaria
“Queremos que cada uno se haga responsable de los actos donde afecte a otras personas o el bienestar de otras personas”, recalcó.
En este sentido, defendió la implementación de normas que prohiban a los estudiantes esconder su cara detrás de pasamontañas u otras prendas de vestir.
Kast se dirigió también a padres, madres y apoderados, a quienes pidió “un compromiso mayor y que se hagan presente en las escuelas”.
Finalmente, el Presidente afirmó que la sociedad “no puede seguir esperando que ocurra otro hecho violento como el que sufrió Chile, Calama y la familia de la inspectora asesinada”.
Colegio de Profesores: “Propuestas son absolutamente pobres”
Tras el anuncio presidencial, desde el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile señalaron que, a la espera de conocer los detalles del proyecto, las medidas no atienden “la gravedad y la profundidad del problema que se pretende abordar”.
Mario Aguilar, líder del gremio docente, sostuvo que lo propuesto son “sanciones que apuntan a los efectos, pero no a las causas” y cuestionó la falta de iniciativas que aborden la salud mental en las comunidades educativas.
“Tenemos una educación que no es atractiva para los estudiantes, tediosa, agobiante, que presiona por los rendimientos, pero que se despreocupa absolutamente de las personas. Es otro tema que debe ser abordado y el Presidente Kast no hace absolutamente ninguna mención al respecto”, agregó el dirigente.
Asimismo, Aguilar cuestionó la existencia de “medidas tramposas” dentro del paquete legal presentado por el Ejecutivo, advirtiendo que algunas de las sanciones podrían ser inconstitucionales.
“Estas medidas se quedan pobres y cortas frente a la profundidad que tiene el tema de la violencia en los colegios”, concluyó.
