El centro Ipsos presentó su informe “Claves Ipsos” N°55, desarrollado junto a Chile Transparente, estudio que encuesta cada mes a 1.000 personas sobre sus opiniones y comportamientos en torno a temas de interés nacional. En esta edición se indagó sobre probidad y corrupción en el país, en municipios y sobre la nueva Ley de Protección de Datos Personales.
En términos generales, un 71% de las personas encuestadas percibe un alto nivel de corrupción en el país y el Estado. Esta percepción se atenúa a medida que el contexto es más cercano a la experiencia personal, descendiendo al 54% en la región de residencia, al 40% en la comuna y al 35% en las relaciones entre personas.
Además, un 41% considera que el nivel de corrupción en la empresa privada es alto, indicó el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa Mardones, en entrevista con Nuestra Pauta.
El informe también muestra que sólo 29% cree que las municipalidades cuentan con las herramientas necesarias para prevenir la corrupción, y apenas un 19% las considera transparentes en la rendición de fondos públicos. Además, un 46% de las personas considera que las autoridades locales, como alcaldes y concejales, priorizan sus intereses personales por sobre los de la comunidad.
En esta línea, Figueroa comentó que los municipios son “la primera puerta de entrada al estado y ahí es donde justamente está esta sensación de desamparo a medida que hay mayor distancia de los problemas reales de las personas”.
Considerando que actualmente se discute el Presupuesto Nacional en el Congreso, el director ejecutivo de Chile Transparente señaló que “hay instituciones autónomas que cumplen un rol relevante en el desarrollo de la democracia y en el control de las instituciones”, como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público o el Servel, y que han señalado “una importante rebaja de su presupuesto, lo que les impediría hacer de buena forma su trabajo”.
En la serie histórica de tres años de medición, la percepción de corrupción de las instituciones públicas y privadas tiende a disminuir, excepto en dos casos: los tribunales de justicia y medios de comunicación.
En el caso de los Tribunales, parte de la percepción ciudadana se relaciona con el llamado «Caso Hermosilla» y la información que se conoció respecto a las influencias en el nombramiento de jueces y otras autoridades.
Sobre los medios de comunicación, Figueroa señaló que “se genera un problema importante cuando éstos han estado asociados en el pasado a casos de información poco precisa o cuando las personas perciben que tienen un tinte ideológico”.
En cuanto a la tarea de contar con información concreta, además de la percepción ciudadana, el director ejecutivo de Chile Transparente indicó que tener “datos duros en materia de corrupción es bastante complejo y de hecho es uno de los grandes problemas y desafíos que quienes nos dedicamos a esta materia tenemos que enfrentar, porque la detección de hechos de corrupción depende en gran medida de la capacidad que tengamos de contar con herramientas para poder detectarlo”.
En ese mismo sentido, señaló que “en los últimos años hemos ido descubriendo un conjunto de situaciones que se instala desde los poderes del Estado como prácticas permanentes de corrupción y de captación de las instituciones por parte de privados donde justamente lo que termina controlando es el dinero”.
Finalmente, el informe muestra que para revertir este panorama y fortalecer la probidad local, las prioridades señaladas por la ciudadanía son “aumentar el control de los recursos públicos (56%), investigar y sancionar faltas de probidad (51%) y transparentar criterios de entrega ayudas (50%)”.
Escucha aquí la entrevista completa con el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa Mardones.
Revisa aquí el informe completo:
