Según los resultados de la encuesta Casen 2020, entregados en julio de este año por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la tasa de pobreza total en el país es de un 10,8%, compuesta por un 4,26% de pobreza extrema y un 6,56% de pobreza no extrema. En otras palabras, 2 millones 112 mil personas viven en esta condición.

El próximo gobierno tendrá, entonces, el difícil desafío de mejorar los índices en un periodo marcado por la sombra de la crisis sanitaria más potente de los últimos años, pero no sólo eso: deberá demostrar la capacidad apropiada para otorgar dignidad a quienes día a día luchan por sobrevivir.

El diagnóstico

En Chile – así como en la mayor parte de los países de América Latina–  la identificación de personas en situación de pobreza se lleva a cabo mediante la comparación del ingreso per cápita con la respectiva línea de pobreza asociada al tamaño del hogar. Se establece una línea de pobreza monetaria y se inspecciona si los ingresos de las personas son mayores o no a dicho umbral. Si poseen un ingreso menor, la identificación se cumple, y quedan clasificadas «en situación de pobreza».

«En el año 90 casi el 45% de la población en Chile vivía en pobreza económica o absoluta, lo que quiere decir que no alcanzaban a cubrir necesidades básicas para lograr subsistir», recuerda Luis Cuevas, académico de Trabajo Social de la Universidad San Sebastián, Sede Concepción. Esa precisión da cuenta de que ha habido avances en esta materia, a través de políticas sociales que se han centrado, principalmente, en la focalización.

Según Cuevas, «la transición de la Casen dimensionada en los aspectos de pobreza económica o pobreza absoluta, efectivamente, da cuenta que previo a la pandemia y al estallido social Chile alcanzaba niveles donde incluso se llegó a señalar que el 8% de la población vivía situaciones de pobreza económica o material». A pesar de ello, el académico sostiene que la reforma al sistema de protección social con el establecimiento de una pensión básica solidaria es parte de los elementos que permitieron generar cambios y dar luces de que la problemática no quedaba olvidada, como una más de tantas promesas en los programas de gobierno.

En ese aspecto coincide la psicóloga Daniela Sánchez, jefa territorial del Hogar de Cristo en la Región del Biobío, aunque su mirada es también crítica, apuntando a que el crecimiento económico no necesariamente se traduce en políticas sociales que den cobertura a todas las necesidades de quienes viven en situación de pobreza.

En lo que respecta a la incidencia de la pobreza por zonas territoriales, la última Casen evidencia que diez de las 16 regiones del país superan el promedio nacional (10.8%), tal como ocurre en Biobío con un 13.2% y en Ñuble con un 14.7%.

Los otros factores: ruralidad y migración

«Sembrando crecimiento, cosechando injusticia» fue un estudio llevado a cabo por la Fundación para la Superación de la Pobreza, donde se profundizó en los vínculos que existen entre la actividad industrial en zonas rurales y un nuevo tipo de pobreza local, asociada de manera importante al deterioro extensivo y crítico de gran parte de los servicios ambientales que durante mucho tiempo han sostenido los modos de vida de las comunidades campesinas e indígenas de la Región del Biobío, dando cuenta que, en efecto, comunas rurales han enfrentado cambios profundos en las últimas décadas.

Esta región es una de las más industrializadas y aporta desde diversas actividades productivas al crecimiento económico de Chile, pero ¿cuánto de todo esto se ha traducido en desarrollo para los habitantes de estas zonas?

La misma pregunta que motivó ese estudio, probablemente, ha rondado varias veces en la cabeza del sacerdote jesuita Carlos Bresciani. Hace más de 20 años se instaló en Tirúa, y desde su vocación de servicio se ha dado la tarea de colaborar con las comunidades del territorio, en una zona que hace mucho tiempo lleva el triste calificativo de rezago.

«La Provincia de Arauco además tiene otros aspectos en cuanto a que es zona de sacrificio en término de lugar de explotación de recursos y extracción de recursos que no quedan en la provincia –como el tema forestal– y además tiene la otra particularidad de ser un territorio marcado por la presencia de las comunidades indígenas mapuche, entonces, con mayor razón se hace más difícil el modo en que las políticas públicas acceden al territorio», argumenta el jesuita.

El 13,8% de la población nacional que habita en zonas rurales es considerada en situación de pobreza, una realidad que para Bresciani se puso de manifiesto con el estallido social iniciado en 2019.

La ruralidad no es el único factor que puede condicionar la vulnerabilidad social. La población migrante que habita en Chile también ha experimentado un aumento significativo en términos de pobreza: el 17% de los extranjeros residentes en el país califican como pobres y el 7,9% están viviendo en pobreza extrema, cifras que duplican los niveles registrados en la Casen anterior (2017).

En ese marco, Simón Acuña, director regional de Infocap, resalta que «lo más urgente es que ellos puedan ser incluidos en la toma de decisión».

Pero eso no es todo, Acuña sostiene que es fundamental que la ayuda social pueda vincularse a una política migratoria estructurada, porque hoy no existe claridad en ninguno de los dos aspectos.

«Se requiere repensar el trato que va a tener el Estado con otros países, para poder trabajar y enfrentar colaborativamente la migración», propone el líder de Infocap.

Un callejón con salida: ¿dónde debe estar el foco gubernamental?

El estudio «La pobreza del «modelo» chileno: la insuficiencia de los ingresos del trabajo y las pensiones», documento elaborado por la Fundación Sol a partir de evidencia actualizada con datos Casen en Pandemia 2020, muestra cálculos que estiman que si se aplicara una metodología más exigente, la pobreza podría llegar a la alarmante cifra del 39,9%, argumentando que basta con el simple hecho de retirar los subsidios, los ingresos del capital y la imputación de ingresos que se les hace a los hogares que son dueños de sus viviendas o que están pagando por esta.

De esa manera se sentencia que este debate que es técnico y por sobre todo político es prácticamente inexistente y termina por afectar a millones de personas que percibiendo salarios al límite son considerados fuera de la pobreza. Una situación similar se puede ver con la población adulto mayor, ya que al utilizar este indicador, su pobreza supera el 45%.

Con la esperanza de que la situación no se desborde, Luis Cuevas, plantea que la prioridad gubernamental en el próximo periodo debe poner su acento en la desigualdad y la pobreza multidimensional, considerando indicadores como tasas de rezago escolar, trabajo, tasa de dependencia vinculada a jubilación, y atención en salud, entre otros.

«Chile está viviendo un momento social y político único que nos abre nuevas oportunidades para construir acuerdos que permitan terminar con la pobreza y la vulnerabilidad, y es fundamental que ese foco esté en la pobreza infantil», explica Daniela Sánchez, quien resalta que todos los actores del mundo público y privado, además de la sociedad civil, tienen la corresponsabilidad de contribuir en la erradicación de esta problemática.

En tanto, Simón Acuña suma otros elementos a las propuestas de programas sociales, enfatizando que «a través de la autonomía económica, trabajadoras y trabajadores pueden desarrollar más libertad y alcanzar las metas que se propongan en sus proyectos vitales, entonces más que políticas asistenciales, debiesen ser políticas que desarrollen la autonomía».

Finalmente, la reflexión de Carlos Bresciani sugiere que «no se puede desvincular pobreza de derechos políticos y sociales, tiene que haber una mirada de derechos, porque eso va a implicar un cambio cultural donde a las personas no es que se les ofrece un beneficio, sino que acceden a un derecho y, por lo tanto, se comprometen a la construcción, en la práctica, de ese derecho, lo que es distinto al modelo de ahora donde se apunta más bien al derecho al beneficio».

Las cifras de pobreza dan cuenta de que el crecimiento económico no necesariamente es sinónimo de desarrollo, por ello, es preciso que el próximo gobierno apueste por una mirada centrada en los territorios, considerando las voces de quienes habitan en ellos.

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