Por 78 votos en contra y 69 a favor la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó durante este miércoles la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, gracias a los descuelgues de parlamentarios independientes y de oposición. Mientras desde el Gobierno reaccionaron con un llamado a utilizar responsablemente este tipo de instrumentos, los impulsores del libelo lamentaron que no se entregara una señal de probidad.

La sesión de Sala N°54 comenzó con la negativa del ministro y su defensa a invocar la cuestión previa, con lo que se dio inicio a la revisión de los siete capítulos de la acusación, centrados en las presuntas infracciones al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y a la Ley General de Educación por la supuesta exclusión de los estudiantes con discapacidad; y al rol de la autoridad en relación con la conducción dentro del sector. A ello, se suman las impugnaciones por incumplimientos a la ley en lo referente al Sistema de Educación Pública y al rol de supervigilancia en torno a la Junaeb.

Puntos de la AC

La primera en tomar la palabra fue la diputada por el distrito 20, Francesca Muñoz (PSC), quien acusó a Ávila de implementar escasas y acotadas medidas para la reactivación educativa a través del plan de Gobierno «Chile Recupera y Aprende», y de incumplir «importantes obligaciones legales» en cuanto a la entrega oportuna de los resultados del Simce 2022.

En relación con el caso particular de la Junaeb, se cuestionó la existencia de «graves irregularidades» en ciertos procesos licitatorios, como el presunto pago de $3.500 millones por 30 raciones escolares, el que analizado este lunes por la comisión revisora.

Asimismo, la parlamentaria del PSC criticó la «excesiva priorización» de la sexualidad en el ámbito educacional y la adopción de una agenda «altamente ideologizada» que no sería «compartida por la totalidad de los estudiantes y sus apoderados». Con ello, afirmó, se atentaría contra la «libertad de conciencia» y los criterios de protección de los derechos humanos.

En cuanto a la «inacción» frente a «las urgencias del sistema educativo», Muñoz se refirió al ausentismo y la deserción escolar; a la violencia presente en distintas comunidades educativas; a la omisión de realizar un catastro general de infraestructura e invertir al respecto; al desincentivo de la Red de Liceos Bicentenario de Excelencia; al incumplimiento del deber de informar sobre la implementación de la estrategia nacional de educación; y a la no disposición de medidas de apoyo para los establecimientos con diseños insuficientes.

En ese sentido, la parlamentaria llamó a los presentes a «velar por el resguardo del Estado de Derecho» y el «cumplimiento de la Constitución y las leyes». 

La defensa

Por parte de la defensa del titular del Mineduc, el abogado Francisco Cox refrendó que el texto presentado no contara con el mérito suficiente y que, incluso, desvirtuara «el verdadero sentido» del mecanismo de la acusación constitucional, en tanto que se asemejaría más a «un buen comienzo» de una «fiscalización», de una «interpelación» o de una «crítica a la eficiencia». También, apuntó a la «falta de compasión con niños, niñas y adolescentes» pertenecientes a grupos que «no tienen acogida» en nuestra sociedad.

Asimismo, Cox destacó que, de aprobarse el libelo acusatorio, Ávila sería imputado por hechos no enmarcados en «las atribuciones que le entrega la Constitución y la ley» y que, incluso, obedecerían a «decisiones adoptadas en administraciones anteriores» y al «deterioro» causado por los años de pandemia.

Incluso, el abogado apuntó a la instalación de una «caricatura del ministro», a la vez que enfatizó en que nunca había visto la utilización de una acusación constitucional «como litigio estratégico». 

Votación y reacciones

Posteriormente, se dio paso a una amplia discusión parlamentaria que terminó por extender la sesión hasta las seis horas, momento en que se avanzó hacia la votación, la que dio por rechazado el líbelo acusatorio por 78 votos en contra, 69 a favor y ninguna abstención. Lo anterior, con la venia de algunos diputados de Evópoli, la Democracia Cristiana y otros independientes.

Al término, el ministro Marco Antonio Ávila manifestó su convicción de nunca haber «infringido las leyes ni la Constitución». Por ello, llamó a quienes participan en la política a «cuidar el trato», «respetar las diferencias» y desarrollar «diálogos constructivos» para abordar «los desafíos del sistema educativo».

Junto con agradecer a quienes votaron «conforme al mérito de la acusación», el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, llamó a utilizar esta clase de instrumentos «con prudencia y responsabilidad en el futuro».  

Finalmente, desde la oposición, el jefe de la bancada de diputados UDI, Guillermo Ramírez, criticó que la Sala diera «una señal de impunidad» y no «una de probidad» a la ciudadanía; en tanto que su par, Diego Schalper (RN) calificó como «una puñalada al corazón» de Chile Vamos el rechazo manifestado por algunos integrantes de Evópoli.