Ante el diagnóstico transversal de la ausencia de un tratamiento serio de la problemática ambiental en casi todos los programas presidenciales, 12 organizaciones ligadas a la protección del medio ambiente, han suscrito el documento “Un Medioambiente Mal-Tratado”.
En esta declaración, hacen un llamado a las candidaturas presidenciales a comprometerse con al menos tres mínimos comunes para cualquier programa de gobierno y les convoca a adherirlos públicamente.
“Es indispensable que la protección ambiental esté en el centro de la discusión presidencial. La seguridad hídrica, la conservación de la biodiversidad, la transición energética justa y el derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación no solo son fundamentales para garantizar una vida digna, sino que también resultan económicamente estratégicos, especialmente en un país cuya matriz productiva depende intensamente de los recursos naturales, y que es uno de los más afectados por la crisis climática. Sin protección ambiental no hay futuro”, señala la declaración.
En entrevista con Radio UdeC, la subdirectora ejecutiva de Oceana, Tania Rheinen, señaló que la discusión no solo está ausente de los programas, sino que tampoco se han planteado en los debates presidenciales.
De hecho, agregó, “existe el temor de que los avances en esta materia tengan un retroceso producto de un discurso pro-desarrollo sin importar las consecuencias”.
En esa misma línea, recordó que el primer debate presidencial este año fue convocado por la industria salmonera y tuvo lugar en Frutillar, en el marco del Salmon Summit 2025. En aquella oportunidad, indicó, se planteó que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas necesita ser “reestudiado, reevaluado y revisado, es decir, estamos ante una amenaza concreta a nivel local”.
Por otro lado, en cuanto a los acuerdos internacionales firmados por Chile, Rheinen manifestó que nuestro país ha estado presente en diferentes discusiones y esa regulación ambiental “nos ha llevado a ser un ejemplo y nos permite tener un crecimiento sostenible, con respeto a la naturaleza”.
En cuanto a las propuestas que sí han presentado las candidaturas, la representante de Oceana planteó que están pendientes del riesgo y el acceso hídrico de distintas comunidades en el norte de Chile. En ese sentido, indicó que, si bien las “plantas desaladoras” son una necesidad actual, hay que tener precaución en cuanto al uso de esas estructuras, considerando el daño que pueden generar en el borde costero a nivel industrial.
Rheinen complementó que la discusión “es difícil porque hay muchos actores interesados”, y por lo mismo, enfatizó, se tiene que regular el uso del borde costero porque algunos candidatos plantean que su política ambiental es “desarrollar cientos de desaladoras a lo largo del país”.
“Es importante que escuchemos a la ciencia, que evaluemos este trabajo de forma colectiva y no hagamos promesas que después puedan jugarnos en contra”, concluyó.
Los tres compromisos mínimos exigidos a las candidaturas
1) No regresión: Los estándares de protección ambiental no pueden ni deben retroceder, salud, protección de la biodiversidad, participación y transparencia son un piso que no puede debilitarse. Se exigen evaluaciones rigurosas basadas en evidencia, con líneas base sólidas, alternativas reales, medidas verificables. Se solicita fortalecer dotaciones y capacidades técnicas de las instituciones que evalúan y fiscalizan.
2) Respeto a la legislación vigente: Cumplimiento integral de la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Chile (como el Acuerdo de París, Escazú , Marco mundial de Biodiversidad Kunming- Montreal), la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR), así como y las normas de calidad y emisión, con presupuestos, plazos y responsables claros. La salud debe ser eje de los planes de descontaminación; se deben evitar concentraciones contaminantes que generan cargas en territorios y aplicar sanciones efectivas a los incumplimientos.
3) Transparencia: Información pública, técnica y de interés detrás de decisiones estatales o privadas sobre bienes comunes, accesible y comprensible para toda la ciudadanía. La transparencia debe ser exigible también a privados que operan sobre bienes nacionales y a acuerdos con el Estado.
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