El incendio del campamento Los Pirquenes de Coronel, en el que fallecieron catorce personas de nacionalidad venezolana, entre ellas ocho niños y niñas, acentuó la discusión en torno a las condiciones de vida de los migrantes que llegan a Chile y las dificultades que, tanto nacionales como extranjeros, enfrentan para acceder a una vivienda.
Para el capellán del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Cristián del Campo, se trata de una situación que «se replica en todas las regiones, pero no sólo para las personas migrantes, también para los chilenos. La explosión de los campamentos hace referencia a un problema mucho más estructural, que tiene que ver con el acceso al suelo».
En el caso de las personas migrantes, planteó el sacerdote jesuita, «cuando llegan y no tienen ninguna posibilidad de regularizarse, esa situación irregular los va a empujar a vivir en lugares informales, en tomas o en campamentos. Al no tener regularización, los papeles que muchos arrendatarios legítimamente exigen, obviamente que no les queda alternativa».
Del Campo estuvo en el lugar de la tragedia y profundizó en esa experiencia «indescriptiblemente dramática», señalando que «me había tocado trabajar por alrededor de cuatro años a tiempo completo en Un Techo para Chile, visitando campamentos y acompañando muchísimas tragedias, pero nunca me había tocado conocer una de estas dimensiones».
Sobre el fenómeno de la migración venezolana en particular, el capellán del SJM recordó que más de siete millones de venezolanos han emigrado de su país en la última década, que de ese total, seis millones han llegado a Sudamérica y que Chile es el quinto destino, tras Colombia, Perú, Ecuador y Brasil.
Junto con reafirmar que «el control fronterizo es un deber», Cristián del Campo insistió en que «si todas las medidas son sólo restrictivas, por ejemplo, impidiendo que haya canales de regularización o para gente que tiene la posibilidad de trabajar o que tiene una familia acá con la que se requiere reunificar, lo que vamos a hacer es que vamos a estar juntando gente en situación irregular», generando situaciones como la que ya ocurre en Alto Hospicio, en el extremo norte del país.
«El estado y el gobierno chileno tienen todo el deber y el derecho de perseguir a aquellos migrantes y chilenos que estén involucrados en acciones criminales», recalcó. No obstante, advirtió que si «la única respuesta es desde el control y la seguridad, yo creo que eso puede calmar a los cabezas calientes que piden más y más sanciones, pero no vamos a solucionar el problema de fondo».
El capellán jesuita insistió en la necesidad de contar con «buenos datos» que permitan «enfrentar lo tremendamente complejo que es este fenómeno de la migración».
«Si ni siquiera tenemos buena información respecto de las personas que ingresan a nuestro país, me parece que no estamos cumpliendo a cabalidad nuestro derecho de poder vivir en una sociedad más pacífica, más armoniosa», concluyó.
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