La Comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados encargada de fiscalizar los actos de Gobierno sobre la seguridad marítima y pesquera en las costas del país, sesionó este jueves en el estadio municipal de Concepción, en el marco de la colisión y destrucción de la embarcación «Bruma», ocurrida en marzo de este año.
La desaparición de la lancha a motor conmocionó al país. La última posición reportada de la embarcación fue al norte de la Isla Santa María. Aunque tenía como destino la Bahía Coliumo, con el naufragio se perdió el rastro se sus siete tripulantes, pescadores artesanales de la comuna de Constitución, en la Región del Maule. Posteriormente, la detección de restos de la nave en la hélice del barco Cobra, llevó a las familias de las víctimas a sospechar que este último estaría involucrado en la colisión.
Durante la instancia legislativa, Arturo Oxley, comandante en jefe de la Segunda Zona Naval de Arauco y Biobío, fue consultado sobre cómo mejorar los tiempos de respuesta y las capacidades ante catástrofes de estas características, a lo que respondió que “contando con implementos tecnológicos que permitan algún grado de exigencia a todas las unidades que estén navegando”.
Además, el jefe de la Segunda Zona Naval indicó que “el mar es un ambiente complejo (…) hicimos lo que estaba en nuestras capacidades, hicimos enlaces con empresas privadas a través de la Marina para apoyar la búsqueda submarina que fue inédita en Chile. Hice las gestiones para traer el Buque Cabo de Hornos, para dar respuesta a la demanda de lo que significaba una situación tan dolorosa y tan particular como fue este caso”.
Además, sostuvo que “nosotros tenemos protocolo establecido respecto de las emergencias marítimas”.
En tanto, Sara Garrido, representante de la pesca artesanal, expuso que cada vez que ocurre una tragedia “las familias están esperando que exista una solución, medidas de mitigación o una pensión para las viudas o para los hijos. Por eso, es importante trabajar en la nueva Ley de Pesca y que tengamos una plataforma social”.
Finalmente, el delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, se refirió al actuar del gobierno en “los hechos que sucedieron desde el 30 de marzo al 16 de abril”, detallando que se procedió de acuerdo al “protocolo que seguimos de manera permanente en cualquiera de estos casos. Una vez que se recibe la alerta de naufragio, lo que nos corresponde es el monitoreo de ese procedimiento y la articulación con otros servicios del estado y la sociedad civil”.
Desde la Gobernación Marítima se informó que “en este momento la investigación de la fiscalía marítima está cerrada, en elaboración de dictamen, y es secreta por orden del Ministerio Público”.
