Representantes de la sociedad civil, de los gremios productivos, de la academia, de los municipios y del Ejecutivo integran el Comité Asesor de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional, instancia que sesionó por primera vez este miércoles y que forma parte del programa Observatorio de Seguridad Pública, incluido en el plan de inversión Biobío + seguro del Gore.
Entre sus objetivos, el comité busca apoyar la elaboración de la Estrategia Regional de Seguridad Pública, junto con la identificación de proyectos y programas de relevancia, con un enfoque de descentralización y considerando la opinión en el territorio, a través de la comunidad, expertos e instituciones.
Rodrigo Díaz, gobernador del Biobío, destacó que este trabajo se enmarca en la “colaboración sustantiva y ordenada” que los Gobiernos Regionales están desarrollando en prevención del delito y ayuda a víctimas, tras suscribir un acuerdo con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Una Estrategia Regional de Seguridad Pública —que deberá ser votada por el Consejo Regional— permitirá, en palabras del gobernador, “destinar nuestros recursos regionales a trabajar en aquellas materias que no están haciendo otras instituciones, de manera de evitar duplicidades”.
Díaz recalcó que en materia de seguridad, “lo que corresponde es no pelear entre instituciones, sino cooperar para que todos nos pongamos al servicio de una causa, que es tener estado de derecho imperando en todos los lugares”.
Nicolás Jiménez, encargado del proyecto Observatorio de Seguridad Pública, relevó el rol colaborativo que tendrá este comité acogiendo la voz de actores “que inciden y tienen relevancia total en la toma de decisiones” en esta materia.
Jiménez profundizó además en el avance de la elaboración de la Estrategia Regional de Seguridad Pública, que debería ser presentada en abril próximo.
Importancia del trabajo interinstitucional
En la primera sesión de este comité participó el coordinador regional de seguridad pública, Marco Millar, quien valoró la posibilidad de espacios en los que “conversen las iniciativas que se están haciendo en las distintas instituciones. No solamente el gobierno regional, el gobierno central, los distintos municipios, los gobiernos locales, estamos trabajando en prevención del delito”.
Millar relevó el término de la concursabilidad para acceder a recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señalando que “este 2024, las 33 comunas de la Región del Biobío van a tener inversión de la Subsecretaría para desarrollar proyectos y estrategias”.
En una línea similar, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, planteó que abordar a nivel local la prevención y la reinserción serían señales de “descentralización real en temas de seguridad”.
Finalmente, Rivas indicó que la comuna que lidera por casi doce años es una de las más seguras de la región. “Eso no lo digo yo, lo dicen las instituciones y las estadísticas. El tema que fortalece la seguridad en Chiguayante tiene que ver con la reconstrucción de la convivencia, el fortalecimiento del tejido social (…) Los municipios tenemos que potenciar las actividades sociales, deportivas, culturales, científicas, todo eso genera la disminución de la tentación de caer en el delito, de hacer daño al otro, o meterse en los tentáculos del crimen organizado”, aseveró.