A tres días de declarar inadmisible el recurso de reclamación ingresado por los consejeros constitucionales del oficialismo, la Corte Suprema comunicó este viernes que su resolución del 1° de agosto fue dejada sin efecto en acuerdo con los ministros, lo que implica que el organismo revisará el fondo de la causa 182.610 de este año, relacionada con la adhesión de tres nuevos acápites al proyecto de Carta Manga a través del mecanismo de enmiendas. En ese marco, se solicitó a la presidenta del Consejo Constitucional evacuar un informe respecto de lo impugnado para, posteriormente, dictar sentencia.

La decisión fue adoptada en una sesión especial, en la que si bien el máximo tribunal no acogió el recurso de reposición presentado por los consejeros alineados con el Gobierno, sí echó a pie atrás a la resolución que declaraba como no satisfactoria la reclamación presentada.

Por ello, el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, detalló este viernes que se ordenó «pedir (un) informe a la presidenta del Consejo Constitucional», Beatriz Hevia, en el que deberá indicar «lo pertinente respecto del vicio que se reclama, su carácter esencial o no, y referirse a los efectos del acto impugnado». Dicho escrito deberá llegar a manos del tribunal en un plazo no superior a los «dos días». 

Una vez que el informe sea recibido, se convocará a audiencia pública a los cinco ministros que compondrán la Sala, quienes plantearán sus alegatos luego de revisar la respuesta entregada por la presidencia del órgano redactor. Posteriormente, la Corte contará con 8 días hábiles para entregar una sentencia.

Cabe destacar que lo reclamado por los consejeros oficialistas guarda relación con la creación de tres nuevos acápites dentro del texto constitucional a través del mecanismo de enmiendas, lo que es impulsado por las bancadas de derecha. El objetivo gremial no sería otro que establecer las secciones de «Defensa nacional», «Paz, orden y seguridad interior» y «Seguridad Pública» en la propuesta a plebiscitar, a lo que se sumaría la idea de Evópoli respecto de fijar un acápite para la «Defensoría de las Víctimas».

Si bien los consejeros alineados con el Gobierno manifestaron su voluntad de diálogo frente a estos temas, los mismos acusaron una infracción a las reglas de procedimiento que rigen al Consejo Constitucional, sobre todo, porque no sería posible modificar la estructura de la propuesta de Carta Magna emanada desde la Comisión Experta.