Por: Martín Jacques Coper, Doctor en Ciencias del Clima, Grupo de Climatología del Instituto de Geografía de la Universidad de Berna, Suiza.
Investigador COPAS Coastal
La coyuntura no me ha permitido dejar de pensar en ciertos paralelismos entre dos asuntos que nos convocan urgentemente como sociedad chilena. Trataré de esbozarlos aquí. Por un lado, al dimensionar la vulnerabilidad de Chile frente al cambio climático (CC), se enfatiza que el país cumple con siete de nueve criterios definidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el CC: áreas costeras de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, territorio susceptible a desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertificación, zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica, y ecosistemas montañosos. Por otro lado –pero al mismo tiempo–, cumplimos como sociedad chilena con criterios suficientes para generar una nueva Constitución (NC), una que finalmente refleje un verdadero “contrato social” para Chile en democracia. En efecto, la necesidad de reformular nuestra concepción del Estado y su rol social concita un amplio acuerdo entre la población.
Entre las dimensiones principales a atender se destacan tres: educación, salud y seguridad social; todas ellas enfocadas históricamente desde la perspectiva de un Estado subsidiario. Ambas listas, las asociadas al CC y a la NC son contundentes: queda claro que estos asuntos nos deberían ocupar activamente como sociedad.
Hay más aspectos para pensar en paralelismos. En 2021, y tras un arduo trabajo de años de revisión de evidencia científica, el Panel Intergubernamental para el CC (IPCC), en su Sexto Informe, llegó a la conclusión de que la respuesta de la sociedad global ante el CC debe ser “rápida, profunda e inmediata”. Dos años antes, en 2019, tras un largo periodo de acumulación de tensiones, vastos sectores de la población de Chile se manifestaron para exigir cambios sociales que bien podríamos sintetizar con los mismos adjetivos que los empleados por el IPCC. En ambos casos se concluye que se debe actuar decididamente y que el momento para hacerlo no puede esperar.
Consecuentemente, en nuestro país sintonizamos con esta premisa. Por una parte, en el caso del CC, un estudio realizado en 2022 a nivel nacional indicó que 80% de la población “ha mostrado preocupación por los impactos del cambio climático en el país”. Por otra parte, el plebiscito de entrada al proceso constituyente realizado en 2020 arrojó que 78% del electorado aprobó la formulación de una NC para Chile.
Así, confirmamos que en Chile hay masivos acuerdos respecto al CC y a la NC. Entonces, ¿cómo hacernos cargo de transformaciones efectivas? ¿Qué falta para dar los pasos decisivos? Pienso que la clave está en tomar decisiones a partir de evidencia. En este sentido, la investigación es fundamental, pero insuficiente. La evidencia, para ser empleada, debe ser comunicada efectiva y debidamente. Éste supuesto democrático es fundamental, pero frecuentemente no es sino una premisa incumplida.
Como a otros sectores sociales, este problema convoca también a la comunidad científica. En un esfuerzo continuo y permanente, resulta imperioso promover la rigurosidad de la información y la comunicación veraz y oportuna. La evidencia se acumula. ¿Y las decisiones?