Un pronunciamiento en contra del llamado «criterio Valencia», que busca que se solicite prisión preventiva a todos los migrantes indocumentados detenidos ante la presunción de haber participado en algún delito, fue efectuado por el jefe de la Defensoría Penal Pública (DPP), Carlos Mora Jano, quien argumentó que la medida resulta «excepcionalísima» a la luz de lo que actualmente señala la ley chilena y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Dichas declaraciones se suman a las de la vocera de la Corte Suprema, quien sostuvo este miércoles que las medidas cautelares seguirán siendo evaluadas «caso a caso».
Se trata de una nueva reacción en contra del instructivo general anunciado el jueves pasado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, luego del asesinato del suboficial de Carabineros, Daniel Palma. El escrito ha generado un debate que, incluso, ha involucrado la posibilidad de establecer dicho mecanismo como ley.
En ese sentido, y a tan solo un día después del primer caso de prisión preventiva dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago en el marco del «criterio Valencia», el que afectó a un migrante venezolano «sin RUT provisorio y DNI aparente trucado»; el defensor nacional hizo pública su crítica.
Además de apuntar que las políticas de persecución penal las fija el Ministerio Público, Mora Jano puso énfasis en que la prisión preventiva solo opera cuando se combinan la existencia de delitos y la necesidad de cautela, por lo que aplicarla tal como lo establece el instructivo generaría efectos contraproducentes para el sistema penal.
Dentro de ese mismo debate, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, clarificó en su punto de prensa semanal que el denominado «criterio Valencia» constituye solo un documento de circulación interna, lo que no obligaría a los jueces a tener en vista el lineamiento, como sí lo haría una ley o criterio legal.
Por ello, la magistrada detalló que los jueces seguirán decidiendo «caso a caso» y según las circunstancias de cada proceso judicial, como son «el tipo de delito, su eventual peligrosidad y segmentación».
Consultada nuevamente por la posibilidad de que los jueces puedan verse forzados a adoptar medidas cautelares más intensas, Vivanco reafirmó que no se ha identificado «ningún tipo de presión» tras del pronunciamiento del fiscal nacional.
Cabe destacar que, en esa misma línea, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial, Mariela Hernández, reafirmó este jueves a ADN Radio que para los jueces «no hay cambio» tras la aplicación del instructivo, dado que se aplica «la ley vigente» en cada veredicto.