Este martes se presentó en Santiago el Informe 2022/23 de Amnistía Internacional, documento que busca dar cuenta de la situación de los Derechos Humanos en el mundo y particularmente en América Latina.

En entrevista con Nuestra Pauta, la Presidenta de la Junta Directiva de Amnistía Internacional Chile, Sofía Lanyon, se refirió a las principales conclusiones que muestra el trabajo realizado por el organismo y detalló que existen varios temas que siguen siendo preocupantes, como las consecuencias de la pandemia, además de situaciones sociales, económicas y de salud.

En el informe se detalla que “millones de personas en las Américas, junto a movimientos sociales y activistas, tomaron las calles para exigir derechos económicos y sociales básicos, el fin de la violencia de género y la excarcelación de las personas detenidas de forma injusta, y para defender el medioambiente”.

En ese sentido, Lanyon lamentó que “en muchos países, las autoridades respondieron violando los derechos a la vida, a la libertad, a un juicio justo y a la integridad física”.

Sofía Lanyon también tuvo palabras para la situación de El Salvador, en particular las medidas impulsadas por el Presidente Nayib Bukele contra supuestos integrantes de las “maras”, y señaló que es un caso “bastante complejo” y para nadie es un secreto que “desde hace mucho tiempo existe crimen organizado asociado al narcotráfico y la seguridad para las personas se ha visto bastante afectada”.

Si bien es imperante que los Gobiernos tomen medidas y generen políticas públicas que garanticen la seguridad de las personas, desde Amnistía consideran que “la forma en que se está abordando esta situación no está acorde a los estándares de DDHH en el mundo”.

Precisamente en relación a la crisis de seguridad en nuestro país, y ante la discusión que se da actualmente en el Congreso, Lanyon señaló que “hablar de que las policías queden exentas de control judicial atenta contra los principios democráticos”.

“Eximir a Carabineros de un control judicial es, de forma bastante explícita, darles carta abierta para que el día de mañana, frente a la comisión de una vulneración gravísima, esa acción no tenga sanción”, agregó.

En esa línea, Sofía Lanyon recordó el caso del joven mapuche Alex Lemun, asesinado en Angol en noviembre de 2002, señalando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una declaración culpando al Estado de Chile por su muerte, lo que impulsó un nuevo juicio que terminó condenando al oficial de Carabineros responsable a 7 años de cárcel.

“En el escenario que se está discutiendo hoy, ese carabinero no tendría sanción, pese a haber matado a otra persona”, explicó Lanyon.

Cabe señalar que, en general, el informe concluye que “las respuestas insuficientes a los abusos contra los derechos humanos que tuvieron lugar en todo el mundo alimentaron la impunidad y la inestabilidad”.

El informe

En relación a las Américas, el informe 2023/23 de Amnistía Internacional señala que “en un contexto de recesión económica, en muchos países las autoridades intensificaron el uso de tácticas represivas para acallar la disidencia y numerosas formas de protesta. Varios gobiernos declararon estados de excepción que dieron lugar a una serie de violaciones graves de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, juicios injustos y homicidios ilegítimos”.

En otros casos, agrega el informe, “la represión se ejecutó usando fuerza excesiva contra quienes ejercían su derecho a protestar, sometiendo a vigilancia ilegítima y seguimiento a activistas, y atacando a periodistas. Los pueblos indígenas, la población negra y otras personas que sufrían discriminación racial seguían siendo objeto de manera desproporcionada de violaciones de derechos humanos, como abusos policiales y tortura y otros malos tratos infligidos en los centros de detención de personas migrantes”.

Asimismo, “se produjeron importantes retrocesos en relación con los derechos sexuales y reproductivos y, en varios países, las autoridades aprobaron medidas que menoscababan el acceso al aborto y prohibían la educación sexual integral. La violencia contra las mujeres y las niñas continuaba siendo generalizada, y las personas LGBTI seguían corriendo peligro; en algunos países se registró un nivel sin precedentes de asesinatos de personas transgénero”.

Por último, “en varios países, las autoridades tomaron medidas para llevar ante la justicia a algunas de las personas responsables de crímenes cometidos en el pasado, pero, en general, la impunidad por violaciones graves de derechos humanos continuaba arraigada. Los gobiernos no cumplieron sus compromisos relativos al cambio climático. Ante los niveles históricos de personas en busca de refugio o de una vida mejor fuera de su país, las autoridades aplicaron políticas regresivas que menoscababan los derechos de las personas refugiadas y migrantes y contravenían el derecho internacional”.

El informe completo está disponible en este link.

Escucha aquí la entrevista completa con la Presidenta de la Junta Directiva de Amnistía Internacional Chile, Sofía Lanyon.