Con el objetivo de llevar a cabo el mandato presidencial y los acuerdos de la Comisión por la Paz y el Entendimiento en la Región del Biobío, se constituyó la gobernanza regional que coordinará la consulta indígena, que busca instaurar un proceso participativo y de diálogo con representantes de los territorios para el desarrollo de una nueva política de restitución de tierras para los pueblos originarios.
Los diálogos se desarrollarán en ocho localidades de las tres provincias de la región: Alto Biobío, Los Ángeles, Concepción, Cañete, Tirúa, Contulmo, Lebu y Arauco.
En Nuestra Pauta, el encargado regional del Plan Buen Vivir, Juan Recabarren, explicó lo que significa una consulta indígena, regulada a partir del Decreto N°66 del Ministerio de Desarrollo Social y asociada al Convenio 169 de la OIT, “que permite consultarle a los pueblos originarios sobre materias de su interés o que les van a afectar”.
Recabarren agregó que este proceso se estructura “a partir de las dinámicas propias de los territorios, con la presencia de actores (comunidades, asociaciones), en términos de cantidad, pero también de movilidad”.
“Las consultas tienen esta cualidad de que sean apropiadas y adecuadas al segmento en el que se aplican”, puntualizó.
En este sentido, enumeró los procesos en curso en la región, indicando que las consultas se sustentan “en la buena fe y en la pertinencia territorial”.
El Plan Buen Vivir cumplirá un rol relevante en el despliegue y articulación de la consulta, que tendrá cinco etapas: planificación, información, deliberación interna, diálogo y sistematización.
Atendiendo a la labor de colaboración territorial y secretaría ejecutiva, Recabarren planteó que los equipos del Plan ya se han desplegado en una “Fase Cero”, acercando el contenido de los acuerdos de la Comisión para la Paz y el Entendimiento con las distintas comunidades.
Junto con resaltar el diálogo y el interés mostrado por las comunidades en esta etapa preliminar, Recabarren destacó especialmente la propuesta de la Comisión para la Paz en torno a una nueva política de tierras, puntualizando que bajo el actual sistema “el estado se demoraría entre 80 o 160 años en adquirir estos predios”.
El cronograma establecido por las autoridades propone que en julio se puedan dar las primeras acciones en el marco de la Consulta. Como mínimo, este proceso debería extenderse durante todo el segundo semestre de 2025.
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