A casi 4 años de la implementación del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, ya se encuentra disponible la edición N°61 del Boletín Regional del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales Faro UDD, titulada “Inseguridad en la Macrozona Sur y su impacto en la industria forestal”. El informe analiza cómo la persistencia de la violencia ha impactado la actividad silvícola, el empleo y la inversión, así como sus efectos en el desarrollo regional y la percepción de impunidad.
El estudio plantea que el conflicto se intensificó desde la década de 1990, con la aparición de organizaciones radicalizadas como la CAM, WAM, RML y RMM, algunas responsables de ataques contra infraestructura pública y privada, especialmente del sector forestal. Entre enero de 2019 y enero de 2024 se registraron 629 ataques incendiarios, con pérdidas estimadas en US$124 millones; el 50% de los inmuebles destruidos correspondió a viviendas o cabañas y el 30% a galpones.
Entre 2016 y 2023, la plantación anual en el Biobío disminuyó 11 %, mientras que la producción de madera aserrada cayó 38 %. En La Araucanía, la superficie plantada se redujo 32 % entre 2019 y 2023 y la producción de madera aserrada bajó 23 % entre 2016 y 2023. En el mismo período cerraron 59 aserraderos en ambas regiones, reflejando la contracción del sector.
La caída de la actividad forestal se refleja en el mercado laboral. Entre 2016 y 2023, el empleo del sector disminuyó aproximadamente 38 % en el Biobío y 17 % en La Araucanía. Este escenario convive con indicadores sociales rezagados. La Araucanía presenta una pobreza multidimensional de 19,8 % (CASEN 2022), una de las más altas del país, lo que evidencia las dificultades para transformar su base productiva en mayores niveles de bienestar, tal como explicó Viviana Véjar, economista y profesora investigadora de Faro UDD Concepción.
En paralelo, la persecución penal presenta resultados limitados. Solo cerca del 3 % de las causas vinculadas a violencia rural termina en formalización y alrededor del 4 % en condena, mientras que aproximadamente el 80 % de los casos se cierra sin perseverar en la investigación.
Frente a este escenario, la investigadora plantea la necesidad de avanzar en medidas simultáneas en seguridad, justicia y desarrollo económico. Entre ellas, fortalecer la presencia del Estado con estrategias de seguridad permanentes, mejorar la capacidad investigativa y acelerar la respuesta judicial.
Asimismo, propone implementar programas de reparación económica para las víctimas, incluyendo subsidios de reconstrucción, exenciones tributarias temporales y acceso preferente a crédito, junto con una estrategia de desarrollo territorial de largo plazo que promueva inversión, diversificación productiva y mayores oportunidades para las comunidades locales.
Finalmente, el estudio señala que si bien durante el Estado de Excepción aplicado
desde 2022 se observó una reducción de los hechos de violencia en la Macrozona Sur, estos no desaparecieron completamente.
