En el marco del proceso participativo de elaboración del Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de desaparición forzada durante la dictadura civil militar, que impulsa el Ministerio de Justicia, agrupaciones regionales de familiares de detenidos desaparecidos y víctimas de la violencia de estado, se reunieron en la Delegación Presidencial Regional con el objetivo de dar a conocer sus observaciones y propuestas en esta materia.

La delegada Daniela Dresdner resaltó la importancia de «hacerse cargo de una deuda del Estado de manera profunda y comprometida» e indicó que la participación de los familiares es fundamental ya que «son ellos y ellas quienes han estado durante estos cincuenta años haciendo esta búsqueda».

Ester Araneda, representante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos-Concepción, profundizó en la importancia de contar con verdad y justicia a cincuenta años del Golpe Militar, señalando que «lo único que pedimos es saber y buscar a cada uno de ellos».

La dirigenta reiteró el llamado a terminar con los pactos de silencio en las Fuerzas Armadas y la solicitud de reunión con la ministra de Defensa, Maya Fernández, clave para esta gestión.

Las agrupaciones enfrentan hoy los efectos de casi cinco décadas buscando el paradero de sus seres queridos: fallecimiento de sus integrantes, enfermedades crónicas, daño a la salud mental y el trauma transgeneracional, que afecta a sus descendientes.

Sobre estos temas se refirió Hilda Espinoza, integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos-Concepción.

Finalmente, la seremi de Justicia, Claudia Soto, destacó que la participación de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y víctimas de la violencia de estado durante la dictadura permite dotar de «validez social» a este proceso.

La propuesta socializada por el Gobierno considera, hasta ahora, cinco ejes: Participación de familiares en la búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega de restos de las víctimas de desaparición forzada; Creación de registro único nacional de víctimas de desaparición forzada entre 1973 y 1990; Recopilación, análisis y sistematización de documentos y archivos que contengan información sobre las circunstancias de desaparición forzada de las víctimas; Investigación del paradero de las víctimas de desaparición forzada y realización de trabajos para recuperar sus restos, identificarlos y entregarlos a sus familiares; e Investigación judicial por los delitos de inhumación y exhumación de las víctimas de desaparición forzada en Chile.