A través de un comunicado, la Fiscalía Regional del Biobío informó este martes la apertura de dos investigaciones de oficio, es decir, por cuenta propia, para indagar «eventuales irregularidades» en los aportes recibidos en la zona por la fundación Urbanismo Social y la ONG-Red Cultivarte. En el primer caso, los recursos provinieron del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), mientras que en el segundo, del Gobierno Regional (GORE).
Las causas buscan esclarecer la existencia de delitos en los traspasos de recursos públicos hacia las citadas organizaciones.
En el caso de Urbanismo Social, parlamentarios de la oposición cuestionaron durante la última semana el traspaso directo de $148 millones, por parte del Serviu Biobío, para asistir a las familias damnificadas por los incendios forestales en sus trámites. En tanto, a la ONG-Red Cultivarte se le habrían asignado $274 millones del presupuesto regional, según revelaron medios locales.
Por lo anterior, las investigaciones quedaron radicadas en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío, a cargo de la fiscal anticorrupción, María José Aguayo.