Un acuerdo histórico logró el gobierno con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) respecto al reajuste del ingreso mínimo mensual, el que se traduce en la mayor alza de los últimos 25 años.

En general, el acuerdo contempla tres ejes. El primero es el reajuste del Ingreso Mínimo Mensual para los trabajadores mayores de 18 años y hasta de 65 años, de $50.000 durante este año. En detalle, a partir del 1 de mayo llegará a $380.000 y subirá hasta $400.000 el 1 de agosto.

También se incorpora una cláusula relacionada con la inflación acumulada. Si en 12 meses, a diciembre de 2022, supera el 7%, el ingreso mínimo mensual se incrementará a $410.000 a contar de enero de 2023.

También se incrementarán, en la misma proporción y fechas, el Subsidio Único Familiar (SUF) y la Asignación Familiar.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, manifestó que “nos hacemos cargo, en primer lugar, de un compromiso de nuestro programa de Gobierno para mejorar el nivel salarial de las y los trabajadores de Chile”.

Asimismo, la secretaria de Estado destacó el proceso de diálogo en que se enmarca este acuerdo.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “en los últimos 4 años no solamente no se llegó a acuerdo, sino que, prácticamente, no existieron negociaciones o consultas con las organizaciones de trabajadores”.

De igual modo, sostuvo que con esto se materializa una parte importante del programa de Gobierno.

El segundo eje considera una protección frente a la inflación para resguardar el poder adquisitivo. Para ello establecerá un observatorio del valor al público de la canasta básica de alimentos, y otorgará un nuevo beneficio compensatorio que se calculará mensualmente, la cual se otorgará por carga familiar a través del SUF.

En el primer mes este bono equivaldrá a $6.410 por carga. Es decir, si en un hogar hay 4 personas que reciben bonificación por el SUF reajustado, se sumarán $25.640 al Subsidio, por lo que en total percibirá un monto de $88.028.

El tercer eje es la promoción del Trabajo Decente, la que contempla enviar un proyecto de ley que flexibiliza los requisitos de ingreso al Seguro de Desempleo de la Ley N° 19.728 e incrementa el monto de sus prestaciones. Adicionalmente, se creará una mesa técnica de trabajo con todos los actores involucrados en la rebaja de la jornada de trabajo a 40 horas, para considerar su diseño y gradualidad.

Desde la CUT, su presidente David Acuña valoró el acuerdo y sostuvo “que hemos empezado a construir un diálogo verdadero, tenemos la oportunidad de dialogar y queremos construir”. Asimismo, detalló que pretenden “seguir trabajando no solamente en remuneraciones”, sino que también en “muchos otros temas, como pensiones, reforma tributaria, fortalecimiento del seguro de cesantía, entre otros”.

En tanto, el diputado de la DC, Eric Aedo, tras conocer los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la CUT respecto a esta materia y las ayudas sociales frente a la crisis económica, afirmó que “hay ánimo de cooperar”.

Eso sí, indicó que hay que profundizar estas ayudas, sobre todo en el mundo de las pequeñas y medianas empresas, con créditos blandos, por ejemplo.

Por su parte, Juan Pablo Sweet, presidente de la Multigremial Nacional de Emprededores sostuvo que “no se conversó cuánto tiempo se dará apoyo a las pymes para pagar un sueldo mínimo de $400 mil”.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo informado, este proyecto ingresará al Congreso a fines de esta semana incorporando el ingreso mínimo, las asignaciones familiares y el beneficio adicional por canasta básica de alimentos.

Canasta Protegida

Consultado el ministro Marcel acerca de las razones por desestimar otras medidas propuestas por algunos sectores para compensar a las familias por el alza de la inflación, como reducir el IVA o fijar precios, explicó que la evidencia empírica es reveladora de que este tipo de acciones no funcionan.

En cuanto a fijación de precios sostuvo que la canasta básica de alimentos incluye 80 artículos que se venden en miles de comercios en el país e indicó como ejemplo que solo en Santiago existen 4.500 panaderías.

“Hoy el Estado no cuenta con mecanismos que permitan regular o hacer cumplir precios aun si quisiera fijarlos. Además, en Chile tenemos una experiencia que no es muy positiva, y hemos visto en otros países que la fijación de precios tiende a estimular el mercado negro y que las personas terminan pagando más”.

Respecto a rebajar el IVA manifestó que tanto la experiencia local como de otras naciones demuestra que con la reducción en este impuesto no produce una baja en el precio de los productos en la misma proporción.

“Esto ocurre tanto a nivel de productos individuales como a nivel generalizado. De hecho, la experiencia más dramática en este sentido ocurrió a fines de los 80, cuando el IVA se rebajó de 20% a 16% y la inflación subió 25%. Por lo tanto, la rebaja del impuesto tiene un gran costo fiscal y, en la práctica, se ha constatado que tienen muy bajo impacto en el precio a los consumidores” recalcó.