Este martes el gobierno del presidente Gabriel Boric ingresó ante el Congreso un proyecto alternativo para el retiro excepcional del 10% de los fondos previsionales, el que de acuerdo con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, surge como fruto «del diálogo y la escucha que hemos hecho con los parlamentarios, parlamentarias y la ciudadanía». Dentro de los lineamientos del texto, destaca el que se habilite los desembolsos para seis casos específicos, dentro de ellos, el pago de deuda por pensión alimenticia.

La idea es establecer un uso acotado de los recursos, distinto al planteado por el proyecto que paralelamente se tramita en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Es por ello que dentro de las circunstancias consignadas por el Ejecutivo para un eventual retiro, el que tendrá un máximo de 150 UF y un mínimo de 35, también se encuentran los pagos de deudas de arrastre por servicios básicos no cubiertas por subsidios; de morosidades por créditos hipotecarios por hasta 4.000 UF; y de deudas con instituciones de salud acreditadas ante la respectiva superintendencia.

A ello se suman los casos de que el solicitante busque postular a los subsidios de adquisición de la primera vivienda establecidos por los decretos supremos N°1 y N°49 de 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu); así como que este requiera pagar deudas financieras bancarias y no bancarias contraídas personalmente hasta el 31 de marzo de 2022.

En ese sentido, también se establece un mecanismo permanente, es decir, que puede ser utilizado las veces que sea requerido; para que los tribunales de familia ordenen el pago de deudas por pensiones alimenticias con cargo a los fondos previsionales de la cuenta de ahorro individual del deudor.


Por ello, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, enfatizó en que la medida, que paralelamente fue presentada ante el Congreso por sus pares de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, Mario Marcel y Giorgio Jackson; surge a partir de las conversaciones sostenidas durante los últimos días con parlamentarios de la Cámara Baja.

Consultada por la posibilidad de que este nuevo retiro genere impactos negativos en la inflación, la ministra clarificó que se trata de una medida que no contribuiría al deterioro del mencionado indicador, pero que «al mismo tiempo atiende a la situación económica de las familias».

Finalmente, el citado proyecto también incluye indicaciones que flexibilizan los requisitos de acceso al retiro y que, a su vez, mejoran las prestaciones del seguro de desempleo de la ley Nº 19.728.