La propuesta de nueva Constitución plantea que “Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado”.

En relación al significado de la iniciativa, la Dra. Noelia Carrasco Henríquez, académica de las Facultades de Ciencias Sociales y Humanidades y Arte de la UdeC, indicó que se trata de “una de las transformaciones más importantes. Es un paso sumamente nuevo en lo que ha sido el proceso histórico de nuestro país”.

En medio del debate, la incorporación de la plurinacionalidad ha generado reacciones en la derecha, al considerarla antipatriota, y también en otros sectores que aspiran a un reconocimiento, pero sin considerar a los pueblos originarios como sujetos políticos.

Sobre ese punto, la experta en antropología social y cultural explicó que las críticas y la resistencia al cambio se sustentan en que Chile “ha contado históricamente con un marco jurídico y social homogéneo, que invisibiliza y niega las diferencias”.

En línea con lo anterior, la integrante del Programa de Investigación en Ciencia, Desarrollo y Sociedad en América Latina (Cidesal UdeC), enfatizó en que “una cosa es la norma y otra cosa los procesos que la norma insta y estimula a construir”. Por ello, indicó que la plurinacionalidad “lo que busca es superar esas diferencias que injusta y arbitrariamente han estado instaladas por siglos en nuestra historia republicana como país”.

La académica aportó otro aspecto a tener en cuenta, al mencionar que es relevante entender que “la plurinacionalidad es un indicador de modernidad y desarrollo, es decir, es poner sobre la mesa una dimensión que ha estado oculta, pero es realista en el sentido de dar cuenta cuál es la complejidad de la vida social y en eso se implican los desafíos ecológicos y ambientales”.

Cabe destacar que la propuesta constitucional contempla también múltiples normas aprobadas sobre los pueblos originarios, referidas al reconocimiento, preexistencia, libre determinación y autonomía; derecho a instituciones, jurisdicciones, autoridades y justicia propia; derecho a participación, derechos culturales, derecho a la igualdad y no discriminación, derechos territoriales, plurilingüismo, y escaños reservados, entre otros.

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