En una semana marcada por el atentado al Molino Grollmus de Contulmo, que terminó con tres personas heridas, y por la detención de tres integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco, entre los que se encuentra Ernesto Llaitul, en la Base Naval se efectuó un nuevo Comité de Seguridad, encabezado por la ministra de Defensa, Maya Fernández, y por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Al término de este encuentro, en el que participaron el Jefe de la Defensa Nacional para el Biobío, contralmirante Juan Pablo Zúñiga, autoridades locales y representantes de las policías, la ministra Fernández sostuvo que «fue una conversación donde expusimos todos los puntos y se tomaron decisiones».

La secretaria de estado se excusó de entregar detalles de lo acordado por tratarse de temas de seguridad nacional, pero reiteró que «queremos garantizar la seguridad de las personas».

Por su parte, el subsecretario Monsalve reiteró que «las personas reclaman respuestas más rápidas y oportunas cuando los afecta un hecho de violencia (…) Tenemos la tarea de responder a esa demanda y este es el sentido de esta reunión».

Sin precisar anuncios, Monsalve recalcó que «es posible mejorar de forma importante el despliegue» de las FF.AA. en este territorio.

Junto con indicar que los puntos críticos tienen relación con las zonas de ubicación y despliegue del personal militar más que con un aumento de dotación, la autoridad entregó un mensaje de manera directa a los habitantes de la Provincia de Arauco.

En esta línea, relevó el trabajo del Ministerio Público y las policías para «identificar, desarticular y detener» a quienes integran las organizaciones criminales detrás de los hechos de violencia.

Finalmente, consultado por la decisión del Gobierno Regional del Biobío de presentar una querella por delitos terroristas ante lo sucedido en Contulmo, Manuel Monsalve afirmó que «la ley antiterrorista no es una buena ley, la que está vigente en Chile tiene un fuerte componente subjetivo, hay que demostrar la intencionalidad y no sólo la evidencia, y eso hace muy difícil tipificar y finalmente sancionar a alguien por ese delito terrorista (…) La decisión del gobierno es una decisión de eficacia jurídica, de eficacia penal. Lo que queremos es que las personas sean sancionadas y que la evidencia cumpla el estándar para permitir que finalmente sean condenadas».