“Los Derechos Humanos, tarea de todos. Por un Chile con Derechos” es el nombre del primer seminario que reunió a 22 municipalidades del país para potenciar la creación de oficinas municipales que defiendan la vulneración que muchas veces sufren vecinos y vecinas.
En el país sólo siete municipios disponen de una oficina dedicada a esta temática, porque uno de los problemas es que desde el Ejecutivo no se ha dotado de las herramientas que permitan que los gobiernos locales puedan dedicarse a esta trascendental tarea.
“Chiguayante convocó a todas y todos los actores relevantes, pero con énfasis en los municipios, porque somos nosotros quienes conocemos las principales vulneraciones de que son víctimas nuestros vecinos. Requerimos, con un sentido de urgencia y prioridad, que el Estado entregue los recursos para que todas las municipalidades puedan tener una Oficina de los Derechos Humanos”, comentó el alcalde Antonio Rivas.
Por su parte, el senador Gastón Saavedra, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara alta, reconoció esta propuesta, indicando que “es desde el Estado donde se deben disponer las herramientas para la que los municipios tengan la institucionalidad necesaria para crear las oficinas”.
En tanto, la alcaldesa de Arauco, Elizabeth Maricán, agradeció la instancia de participación, porque son muy pocas las municipalidades que están trabajando la temática de los Derechos Humanos.
“Quiero expresar que en mi comuna hoy en día hay familias que viven con 200 litros de agua a la semana, donde ellos deben definir si con esa agua hacen sus alimentos o se bañan”, destacó el alcalde de Ercilla, Valentín Vidal, dando cuenta de una problemática que vulnera un derecho tan básico como el acceso al agua, a lo que sumó otras situaciones vinculadas a educación.
La nueva seremi de justicia del Biobío, Claudia Soto, también participó del encuentro y reconoció la importancia de que los municipios puedan aportar en la protección de la ciudadanía.
En el año 2020 Chiguayante creó una Oficina de Derechos Humanos que ha permitido generar nuevas políticas de educación en la materia y, también, defender casos de vulneraciones, a través de la acción legal desarrollada para estos fines.