Foro Constituyente UdeC
Una de las principales demandas ciudadanas del país, que se manifestaron con fuerza desde octubre del año 2019, es el derecho a la salud.
Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), se aspira a que “toda persona tenga el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. En este mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1969), del que Chile es parte, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Han pasado 73 años y seguimos discutiendo por qué no están reconocidos estos derechos como fundamentales.
El derecho a la salud incluye orientar la atención, garantizar el libre acceso al sistema sanitario y la libre elección, brindando herramientas a las personas que les permitan controlar su salud a través de políticas efectivas de promoción y prevención.
La demanda de la comunidad expresada en todas las encuestas exige un debate constitucional que incluya una robusta definición del derecho a la salud, que evidencie la importancia de los determinantes sociales, las inequidades y que garantice la calidad de la atención y la capacidad resolutiva en los servicios públicos. Concretamente, la ciudadanía señala que “En Chile el derecho a una atención de calidad en salud depende de cuánto puedes pagar”.
En nuestro país se han realizado esfuerzos desde el año 2000 a través de una reforma de salud que incorporó el año 2005 el acceso universal a Garantías Explícitas en Salud que gradualmente ha integrado 85 patologías, intentando dar respuesta a la inequidad en el acceso a la salud generada por el establecimiento de un sistema mixto de salud. A pesar de los logros, sigue existiendo un sistema público que no puede responder a las largas listas de espera en problemas no garantizados. Esta situación se ha agudizado con la pandemia por Covid-19, lo que supondrá un aumento de patologías graves e incluso un aumento de la mortalidad no asociada a Covid-19.
Las demandas ciudadanas deben ser canalizadas por quienes resulten Constituyentes en mayo próximo, para construir un pacto social que contemple soluciones en esta área. Sin embargo, surgen algunas interrogantes ¿Se propiciará un sistema inclusivo y solidario? ¿Se reconocerá la salud como un derecho humano y un bien público? Esperamos conseguir ese nivel de salud que para muchos países se acerca a la felicidad.