Fotografía: Cristóbal Escobar, Agencia Uno

Este 11 de marzo culmina la administración de Sebastián Piñera Echeñique, lo que dará paso a la del nuevo Presidente de la República, Gabriel Boric Font. El país que heredará el hasta ahora mandatario más joven que ha tenido la nación es, a todas luces, un reflejo de un periodo que si bien tuvo varios aciertos, como la disposición de un oportuno plan de vacunación y de una más que necesaria Pensión Garantizada Universal (PGU); se vio fuertemente impactado por las crisis sociopolíticas y las tardías respuestas ante las emergencias, las que como conjunto terminaron por mermar aún más la credibilidad de las instituciones y la aprobación del gobierno.

En ese sentido, para la analista y académica de la Universidad del Desarrollo (UDD), Lesley Briceño, es claro que el gobierno, durante sus últimos días, ha demostrado una cierta obsesión por destacar o instalar la percepción de que deja algún legado, dado que durante sus cuatro años no gozó, precisamente, de buenas relaciones ni con sus fuerzas políticas ni con la oposición, lo que junto con fenómenos como la pandemia, el llamado «estallido social», la crisis migratoria y otros, pusieron en jaque su programa y su agenda de políticas públicas.

Sin embargo, una de las mayores virtudes de la presidencia de Sebastián Piñera se enmarca, justamente, en su capacidad para planificar, intempestivamente, la exitosa campaña de vacunación que le ha valido a Chile reconocimientos a nivel internacional. Su gestión de la infraestructura y los dispositivos médicos fue, para Briceño, adecuada, dado que incluso antes de que se presentara el primer caso de COVID-19 en Chile el gobierno ya se encontraba adquiriendo, a través de instituciones públicas y privadas, tests PCR, ventiladores mecánicos y otros insumos.

También, la analista considera acertada la decisión del Ministerio de Salud de, una vez iniciada la pandemia, haber puesto a disposición de la ciudadanía los recursos de los sistemas público y privado, dado que ello amplió la capacidad de respuesta del país ante la crisis; lo que sumado a la directa gestión de las vacunas con los laboratorios evitó una catástrofe mayor.

Asimismo, la académica de la UDD destaca el «giro hacia las políticas sociales» demostrado por el gobierno saliente durante este último año, el que lo puso en una «mayor sintonía con lo que la ciudadanía esperaba» y, justamente, en contra de varios de los planteamientos previamente expresados por su coalición. Dentro de estas políticas se encuentra la Pensión Garantizada Universal (PGU), que Briceño considera un legado «importante» a pesar de los ajustes que debe recibir, además del par representado por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el IFE Laboral.

Aunque el proyecto que dio origen a la ley de matrimonio igualitario fue firmado por la expresidenta Michelle Bachelet, debe remarcarse el hecho de que el gobierno de Sebastián Piñera haya puesto celeridad a su tramitación. Ello, para Briceño, posiciona a la iniciativa más bien como «un legado compartido».

Por ello, no resulta sorprendente que la entrada en vigencia de la citada ley haya coincidido con el último día del presente mandato, dado que ello permitiría la celebración, antes del cambio de mando, de las primeras bodas entre personas del mismo sexo.

Percepciones en contra

Este miércoles, el presidente Piñera emitió su última cadena nacional, la que justamente comenzó con una mención a los «éxitos, fracasos, penas y alegrías» vividos durante su periodo. En esa línea, el mandatario saliente recalcó que gobernar nunca ha sido fácil, pero que su equipo enfrentó tiempos particularmente difíciles.

Ese énfasis en las críticas, de acuerdo con la analista Lesley Briceño, puede tener relación con los bajos índices de aprobación que caracterizaron al gobierno desde la revuelta social, los que llegaron a solo un 9% durante el 10 de febrero de 2020 y a 12% en julio de ese mismo año, según la encuesta Plaza Pública de Cadem. Parte de dicho fenómeno no solo guarda relación, según explica la académica, con el tratamiento de las crisis institucionales y sociales, sino que además con la negativa a abrir la billetera fiscal en un periodo de pandemia en el que se requerían medidas rápidas y excepcionales.

El impacto de esa tardanza, sostiene Briceño, aún no es claro, por lo que serán las próximas encuestas de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) las que entregarán mayores luces respecto de cuántos hogares agudizaron sus problemas.

Otros hechos que impactaron profundamente en la percepción de la administración saliente son el alto número de fallecidos por causa de la pandemia por COVID-19, el que al 9 de marzo llegó a 43.527, con 2.224 muertos por millón de habitantes; la falta de respuesta ante la subida de la tarifa del Metro de Santiago y las protestas estudiantiles que propiciaron la revuelta social, fenómenos que tuvieron como ícono a la imagen del presidente visitando una pizzería en pleno 18 de octubre de 2019; y los malos manejos de la crisis migratoria y el conflicto en la Macrozona Sur.

A ello, se suma la presión ejercida por el oficialismo y, particularmente, por el Partido Republicano, quienes durante los periodos de campaña y otras instancias se expresaron más duramente que la propia oposición respecto de la gestión de Piñera. Ello, explica la académica UDD, desarticuló por un largo tiempo el discurso de la derecha chilena, lo que les llevó a perder las elecciones de convencionales constituyentes y las de gobernadores regionales.

Finalmente, Lesley Briceño añade a su análisis que si bien los errores citados marcaron el rumbo del gobierno saliente, el pasado ciclo electoral demostró que la reestructuración de las fuerzas políticas no es precisamente un fenómeno nuevo, sino que más bien se trata de un proceso que se venía dando desde la aparición de los nuevos partidos políticos y las organizaciones territoriales e independientes. Por ello, concluye que los partidos tradicionales requieren de una «reingeniería importante, que apunte a las temáticas que se comenzaron a movilizar durante los últimos años con movimientos como el feminista o el propio estallido social, los que llaman a repensar las relaciones de poder y el pacto social que teníamos».

Esa necesidad de conectar con la realidad del territorio, explica la analista, no es propia de la derecha chilena, sino que más bien de todo el espectro político, lo que puede constatarse al revisar las críticas que recibió la campaña de la primera vuelta de Gabriel Boric por su discurso de corte intelectualista y alejado de las preocupaciones reales de los chilenos. Por ello, el próximo gobierno no solo deberá superar los problemas derivados de la contingencia nacional e internacional para mantener una buena gestión, sino que además tendrá que dedicar tiempo a repensar cómo relacionarse con la nueva política que está surgiendo desde espacios como la Convención Constitucional.