Sin previo acuerdo y con las 23:59 horas de este viernes como plazo límite, el Congreso espera a que el presidente de la República ingrese su veto a la ley de usurpaciones, la que, vale recordar, fue despachada el pasado 30 de agosto en medio de intensos debates por la habilitación de la llamada autotutela y la graduación de las penas asociadas a las tomas con y sin violencia. Mientras el presidente del Senado manifestó su preocupación por la posible debilitación de las sanciones asignadas a este tipo de delitos, desde el Gobierno se aseguró que, de todas formas, se promulgará una ley con las materias en las que existe coincidencia.

Sin certezas respecto de si el veto anunciado por el Ejecutivo poseerá un carácter aditivo, sustitutivo o supresivo se encuentran las fuerzas parlamentarias, las que internamente tampoco han logrado acercar sus posturas respecto de cómo penar las usurpaciones y, además, resolver la discusión por la legítima defensa privilegiada.

Por ello, durante la mañana el líder de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma (UDI), llamó al Ejecutivo a «tener mucha precaución con lo que va a hacer», en tanto que su veto podría desnaturalizar el proyecto aprobado y dejar «pendiente» la promulgación de una ley que, a su parecer, es «urgente» para la ciudadanía.

Horas más tarde, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, respondió al emplazamiento detallando que las diferencias radican en la autorización del uso de «la violencia entre particulares para resolver conflictos jurídicos» y en el grado discrecionalidad que poseerá el juez al «evaluar las distintas circunstancias bajo las que se comete un delito de esta naturaleza para determinar la penalidad».

Consultado respecto de si el Gobierno contará o no con los apoyos para sacar adelante sus observaciones, Elizalde apuntó que, aunque los votos no estén, la ley será promulgada con las normas en las que «existe coincidencia».

Debe considerarse que el Congreso también dispone de un mecanismo para insistir en la aprobación de la tramitada ley, pero para ello, se requeriría del acuerdo de 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio.