En el marco de la peor crisis que enfrenta el Gobierno Regional del Biobío en su historia, producto del Caso Convenios, finalmente en la tarde de este viernes se concretó la sesión extraordinaria del Consejo Regional.

La jornada comenzó con incidentes, luego de que un grupo de concejalas de distintas comunas del Biobío y manifestantes no pudieran ingresar al Salón Inés Enríquez (en el cuarto piso del edificio del Gore), lugar destinado para la sesión.

Si bien el motivo indicado por el personal de seguridad tenía relación con el aforo de dicho espacio, autoridades como el diputado Félix González y los cores Piero Blas, Javier Sandoval y Camila Arriagada acusaron que la decisión de no realizar el pleno en el Salón Mural del primer piso fue con la intención de «ocultarse». El parlamentario ecologista, quien tiene derecho a voz en el Consejo Regional, indicó que el gobernador Díaz tendría «miedo a una sesión donde la gente pueda estar presente».

La reunión, que duró más de dos horas, comenzó con la intervención del jefe (s) de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, Luciano Parra, quien defendió la labor de funcionarias y funcionarios que «han sido altamente cuestionados y víctimas de un tormentoso proceso en esta última semana».

Parra indicó que las 19 iniciativas cuestionadas y que hoy investiga el Ministerio Público, entre las que figuran Fundación En Ti, ONG Cultivarte y Fundef, corresponden al 0.62% de las más de 3 mil financiadas por el Gobierno Regional, sin embargo, «pese a la proporción, le asignamos la máxima importancia a cada una de las denuncias y eventuales irregularidades encontradas».

Respecto de los asuntos más complejos, especialmente aquellos relacionados con el caso de ‘En Ti’ y la ex candidata Camila Polizzi, indicó que, a pesar de la intención del Gobierno Regional, el secreto investigativo dictado por la Fiscalía impide abordarlos en este tipo de instancias.

Posteriormente fue el turno del gobernador Rodrigo Díaz, quien indicó que «nuestros procedimientos internos se encuentran vigentes» y reiteró que «nunca hemos discriminado ni en el mundo municipal ni tampoco en el mundo de las corporaciones, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil».

Díaz indicó además que «el proceso ha sido vulnerado por gente que quería cometer delitos (…) pero existe el control ex-post y por eso está actuando la institucionalidad y estamos cooperando con toda la diligencia y celo que podemos hacerlo».

En este sentido, reafirmó que «no vamos a tolerar el mal uso de recursos públicos», motivo por el cual se determinó el cierre del proyecto con la Fundación En Ti, se cobren las garantías y se ejerzan las acciones legales para recuperar los fondos.

La autoridad política llamó a las consejeras y consejeros a sumarse las presentaciones ante Contraloría y el Ministerio Público «para demostrar que la voluntad de reprobar a quienes hagan mal uso de los dineros es de todo el Gobierno Regional, que es el Consejo y el Ejecutivo que me toca liderar».

Consejeros reclaman más medidas

Tras un intenso debate, que incluyó duras interpelaciones y recriminaciones entre los presentes, algunos de los 28 integrantes del Consejo Regional evaluaron ante la prensa la sesión extraordinaria, las medidas anunciadas por Rodrigo Díaz y la posibilidad de sumarse a la idea planteada por la consejera Camila Arriagada: presentar una denuncia ante el Tribunal Electoral Regional (TER) por «notable abandono de deberes» en contra del gobernador, lo que podría terminar en su destitución, gestión para la que se requiere el patrocinio de un tercio del Core.

El consejero Gabriel Torres planteó que «se nos ha escondido la información y a pesar de aquello estamos haciendo nuestro trabajo», junto a un grupo de cinco cores de distintas tendencias que se ha manifestado públicamente en oposición al gobernador Díaz.

A dicho grupo también pertenece Piero Blas, quien cuestionó la «autocomplacencia» de algunos de sus pares y criticó que desde el Ejecutivo regional «creen incluso estar sobre la ley por el cargo que están ostentando hoy».

Ante la posibilidad de acudir al TER, Blas sostuvo que «según lo visto en la sesión, la cantidad de consejeros que se ha manifestado a favor ha sido menos del tercio».

Su par Tania Concha, en tanto, reiteró lo señalado a Radio UdeC en los días previos, respecto de que el Gobierno debe tramitar una ‘ley corta’ sobre Gobiernos Regionales que, entre otros aspectos, termine con la facultad de asignación directa de hasta 7 mil UTM desde los gobernadores.

A propósito del requerimiento al TER, la consejera cuestionó a sus pares señalando que «no nos gusta enterarnos por la prensa (…) Lo mínimo es una conversación bilateral entre un partido y otro. Nosotros no lo vamos a descartar, pero creo que viendo esta sesión extraordinaria no hay piso para eso».

Andrés Parra, consejero y presidente de la Comisión de Presupuesto del Core, expresó que «la Región del Biobío está siendo denostada por tres personas que claramente se asociaron para generar una estafa y eso nos deja claro que la obligación es apoyar que eso se investigue más rápido».

El titular de la Comisión de Fomento, Rodrigo Vera, recalcó el llamado a la «acción» no sólo del Gobierno Regional, también de órganos como Contraloría y el Ministerio Público. «Este Gobierno Regional tiene que salir del shock, seguir trabajando, hay $40 mil millones que a agosto no se han ejecutado», afirmó.

Asimismo, indicó que «le he pedido a mi equipo jurídico analizar los antecedentes que hay, revisar qué dice la ley y si hay antecedentes lo voy a evaluar y no descarto estar disponible» para sumarse a la presentación ante el Tribunal Electoral.

Por su parte, la consejera Alicia Yáñez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Core, manifestó que los antecedentes presentados por el gobernador «entregan toda la claridad, algo que debió hacerse hace tiempo atrás». Yáñez recordó que antes de que estallara la crisis, junto a otros integrantes de la comisión, visitaron los lugares donde se estarían realizando los cuestionados proyectos y se reunieron con representantes de las fundaciones, incluidos Camila Polizzi y Sebastián Polanco.

Finalmente, el diputado Félix González, presente en la sesión y confrontado por los consejeros Andrés Parra y Francisco Reyes, sostuvo que «es evidente que la actual administración del Gobierno Regional es responsable del descalabro que hay en materia de convenios (…) No se informó, solamente se entregó un PowerPoint impreso y se enumeraron los 19 proyectos que están siendo investigados».