Los trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) del Biobío, entidad pública con presencia desde Ñuble a Aysén, inició un paro indefinido a partir de hoy, lunes 10 de enero. La medida de presión surge a partir de las desvinculaciones de nueve funcionarios y directivos del servicio, las que fueron comunicadas en las primeras horas del viernes recién pasado.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios de CAJ Biobío, Francisca Vilches, manifestó su absoluto repudio a la inoportuna decisión, la que fue justificada por la causal de «necesidades de la empresa» y se da en el marco de una supuesta reestructuración de la institución. Sobre este punto, abogada advierte que nunca fueron informados respecto de cuál es el plan de reorganización ni de cuántas personas más podrían perder su empleo. Ello, comenta, se suma a las suspicacias que ya ha generado el hecho de que este cambio se realice a solo dos meses del término del actual gobierno.
Por su parte, el dirigente Marcelo Inostroza, presidente de la federación de trabajadores que reúne a los siete gremios de las cuatro corporaciones de Asistencia Judicial del país; considera que los despidos son completamente desproporcionados y vulneratorios, ya que comprometen un desembolso patrimonial considerable para el servicio. En ese sentido, ambos representantes coinciden con que la supuesta reestructuración no posee ningún asidero y con que obedece, más bien, a una política permanente de hostigamiento hacia los afectados, quienes son funcionarios de amplia y reconocida trayectoria en la institución, que por distintos medios ya habían sido cuestionados por el empleador. Prueba de ello es que sus autoridades ordenaron una investigación sumaria contra algunos de ellos, la que después de varios años permanece inconclusa y ha sido objeto de diversos recursos interpuestos ante tribunales.
A raíz de lo anterior, uno de los puntos de conflicto se centra en la figura del director general de la CAJ, Gonzalo Contreras, quien ya había sido cuestionado por una colectividad de funcionarios, quienes apoyados por el diputado Leonidas Romero realizaron en 2020 una denuncia aún no resuelta ante la Contraloría por una serie de situaciones que, de ser efectivas, comprometerían la probidad de la autoridad.
En suma, Vilches relata que en 2021 la asociación de trabajadores interpuso un nuevo recurso para detener la contratación, por vía directa y sin concurso público, de varios empleados, quienes habían sido seleccionados «a dedo».
Cabe destacar que la paralización, que comienza hoy, considera la realización de turnos éticos para atender situaciones prioritarias, como lo son las demandas o contestaciones que estén con plazos por vencer, los casos que involucren violencia intrafamiliar y las audiencias previamente programadas. No obstante, y dadas las experiencias derivadas de las negociaciones encabezadas por la Asociación de Funcionarios de la CAJ, no se descarta la radicalización de las movilizaciones si no se obtiene una respuesta favorable, que deje sin efecto las desvinculaciones.
«Los trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío no dudamos en calificar a la administración del actual director general como la más nefasta de la historia de nuestro servicio. Creemos necesario que las nuevas autoridades de gobierno conozcan de estas arbitrariedades», fueron las palabras de cierre de ambos dirigentes.
En Nuestra Pauta conversamos con la presidenta de la Asociación de Funcionarios de CAJ Biobío, Francisca Vilches, diálogo que puedes revisar en el siguiente reproductor: