El “Gabinete Pro Crecimiento y Empleo”, instancia creada por el presidente Gabriel Boric con el fin de agilizar el desarrollo de proyectos de inversión, generó dos proyectos de ley que, además de cumplir con el mandato entregado a este grupo, intentan conciliar el cuidado del medioambiente y el crecimiento económico: El Sistema Inteligente de Permisos y la Evaluación Ambiental 2.0.
Ambas iniciativas, presentadas el pasado 10 de enero, buscan actualizar la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente a casi 30 años de su promulgación, para modernizar y mejorar los instrumentos de gestión ambiental vigentes.
Para conocer las claves de esta actualización, en Nuestra Pauta conversamos con la Dra. Verónica Delgado Schneider, académica y directora del programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático UdeC, quien señaló en primer lugar que, considerando que los estándares ambientales han ido cambiando, es necesario “hacernos cargo de un desarrollo que sea realmente sustentable”.
La especialista dijo que, en nuestro país, “todas las reformas a la legislación han sido muy difíciles” y puso como ejemplo la reciente ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
“Hay gente que cree que por dictar normas de protección ambiental estamos dejando de lado el crecimiento económico y esa discusión está pasada de moda”, mencionó Delgado.
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental menos burocrático
El objetivo final de estas reformas es la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), eliminando instancias políticas como el Comité de Ministros, estableciendo una sola vía de impugnación o creando un proceso voluntario de participación temprana.
Sobre esta modernización, Verónica Delgado destacó que, pese a que algunos actores consideran que este sistema “obstaculiza” la generación de iniciativas de inversión, este es un instrumento necesario, pero concuerda en que las decisiones que se toman en esta instancia deben ser “más técnicas, con más información y mayor participación”.
Comité de Ministros
Precisamente, una de las etapas finales del sistema de evaluación ambiental es el llamado “Comité de Ministros”, instancia integrada por representantes sectoriales del gobierno de turno, lo que implica una visión política a la decisión de aprobar o no cada uno de los proyectos ingresados al sistema.
Incluso, comentó la académica, se generan situaciones en que proyectos que cuentan recomendaciones negativas se terminan aprobando, o viceversa, solo por contar con el voto político.
La directora del programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático UdeC agregó que este tipo de instancias políticas “perjudicaron la evaluación ambiental” y, además, “demoran las certezas que requieren los inversionistas para ejecutar sus proyectos”.
Por lo mismo, el proyecto de ley elimina esta etapa y crea una única vía de impugnación, que permitirá a personas y/o comunidades recurrir al Tribunal Ambiental, un organismo especializado presente en Chile y algunos países del mundo.
Trabajo prelegislativo y participación ciudadana
En cuanto a la discusión en el Parlamento, la abogada valoró el trabajo prelegislativo del Ministerio de Medio Ambiente, lo que permite confiar en que los proyectos de ley presentados, efectivamente, se mejoren y se aprueben en el Congreso.
En ese sentido, la especialista señaló que uno de los aspectos que podría generar polémica en el debate es la participación ciudadana temprana, que en algunos países es obligatoria y el Ministerio planteó como voluntaria.
El objetivo es que las y los inversionistas puedan socializar sus proyectos con la comunidad para mejorar y/o complementar sus diseños antes de llegar a la evaluación ambiental.
Finalmente, Delgado indicó que la discusión de estas iniciativas tendrá su primer trámite legislativo esta semana, y que estarán reportando los avances del debate en sus plataformas del programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático UdeC.
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