A seis años de las masivas movilizaciones sociales que remecieron las calles y pusieron en vilo al poder político, Rodrigo Lagarini se mantiene en la convicción inamovible de que la intencionalidad policial fue la causa de los traumas oculares que afectaron a decenas de manifestantes. Él era uno de ellos. “A mí me llegó una lacrimógena en seco en el ojo, sufrí un estallido de globo ocular”, cuenta sobre lo ocurrido en Carrera con Paicavi, en el centro de Concepción, el 22 de octubre de 2019, agregando que “había protocolos que Carabineros tenía que respetar y no lo hicieron”.

“Éramos todos ciudadanos comunes, que solo queríamos un Chile diferente”, recuerda Rodrigo. A las protestas se sumó por interés personal, “no milito en ningún partido, fui como estudiante, como ciudadano chileno”, con el anhelo de que “no hubiera tanta desigualdad”.

Para él, el capítulo no ha concluido. Aunque la arista penal de su caso fue cerrada, porque no se habría logrado determinar a ciencia cierta la identidad del carabinero que fue su atacante, continúa con una acción civil en contra del Estado chileno, en busca de una indemnización.

En 2023, la Fiscalía Nacional informó que, a cuatro años del estallido social, 45 funcionarios de Carabineros y del Ejército fueron condenados por hechos de violencia institucional ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. La mayor cantidad de actos fueron cometidos por efectivos de la policía uniformada, siendo apremios ilegítimos el principal delito (25).

Según Rodrigo “la premisa es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”. Por eso, espera que “se esclarezcan los casos y los responsables paguen como corresponde”, y que “las armas no letales antidisturbios se ocupen de manera correcta, no disparando al rostro o al cuerpo”.

En esa línea, el avance más palpable está en materia de reparación. En 2021 ingresó al Programa Integral de Trauma Ocular (PIRO), estrategia ministerial que surgió en noviembre de 2019, durante el gobierno de Sebastián Piñera, como parte de las medidas de atención a las víctimas de trauma ocular tras la crisis social. La prestación recibida dependía de la lesión y trauma, incluyendo rehabilitación protésica y funcional, además de apoyo psicosocial.

El programa estaba asentado de manera exclusiva en el Hospital del Salvador en Santiago, y levantó críticas por una implementación deficiente, un enfoque carente de derechos humanos y revictimización de los pacientes. Fue reformulado y en 2022 el Presidente Gabriel Boric lo lanzó como Plan de Acompañamiento y Cuidado para Sobrevivientes de Trauma Ocular (PACTO). Entonces, a dos años del estallido, la estrategia llegó a la capital del Biobío.

 

Un enfoque de derechos humanos

Como Rodrigo, hoy en día, son aproximadamente 35 los usuarios que se rehabilitan en PACTO Concepción por traumas oculares, y está en marcha la incorporación de otras 50 personas que sufrieron daños por perdigones y lesiones graves en distintas partes del cuerpo.

La oficina del plan funciona en el cuarto piso del Hospital Guillermo Grant Benavente (HGGB) y es centro de referencia de la zona macro sur a nivel oftalmológico, por lo que atiende a pacientes desde Maule hasta Magallanes.

Juan José Sepúlveda, jefe coordinador de Pacto Concepción, confidencia que las víctimas “llegaron con desconfianza de lo que pudiese entregarles el Estado, porque fueron los mismos agentes del Estado los que hicieron el daño”, pero que los obstáculos se han ido superando, debido a que “es importante entregar esa reparación, no por un aspecto político, sino que por lo que significa la vulneración de derechos humanos”.

Cuando Pacto se implementó en Concepción, se proyectaba que al menos 100 pacientes del sur del país se beneficiarían con su puesta en marcha. El objetivo es fortalecer la cobertura nacional, descentralizándolo e incorporando atención en salud mental y ofreciendo capacitación en derechos humanos a los equipos de salud, para así gestionar integralmente las respuestas clínicas necesarias en las diversas formas de daño ocular, además de otorgar prestaciones terapéuticas para habilitar la funcionalidad y cuidado del ojo sano.

“El programa llega un poquito tarde a ofrecer esta respuesta, de todas maneras, puedo decir, con la camiseta puesta, que tratamos de atender a los usuarios lo más cálidamente posible”, comenta el tecnólogo médico. Además, menciona que “actualmente, solo contamos con comunicación con Pacto en Maule (Talca) y Araucanía (Temuco), entonces conversamos de las necesidades del programa y vemos de qué forma podemos mejorar las atenciones y el trato a usuarios que, a veces, tienen necesidades especiales”.

El profesional explica que existen varios subdiagnósticos de trauma ocular, todos cubiertos por Pacto.

 

Jacqueline Cortés, trabajadora social del programa, refuerza el enfoque de derechos humanos, exponiendo que “éticamente, como profesionales no podemos entrar a un juicio de valor o moral con respecto a la acción de ellos (los usuarios)”.

En la época de protestas, se reportaron más de 450 personas con daños en los ojos. Según las querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), hubo siete fallecidos por la acción de agentes del Estado durante la crisis social. De las 3.777 víctimas, 3.581 (94,8%) sufrieron algún tipo de lesión física. De ese total, 220 (6%) resultaron con algún tipo de trauma ocular. En el desglose, 50 sufrieron estallido ocular (22,7%); 82 la pérdida de visión (37,3%); y 88 registraron alguna lesión (40%).

Por ello, las prestaciones de Pacto financian el otorgamiento de recambio de prótesis cuando sea necesario a lo largo de todo el ciclo vital, así como también la entrega de cuidados necesarios para mantener la salud del ojo no afectado por el trauma y apoyo en salud mental.

Por otro lado, surgieron, incorporadas a la Ley de Presupuestos, las pensiones de gracia para las víctimas, dada su situación de vulnerabilidad.

La otra herida

Rodrigo Lagarini hoy tiene 30 años y es profesor de Educación Física. “Me siento más estable, pero no estoy bien del todo, y no me da vergüenza ni pena decirlo”, confiesa. Tras la agresión, ha pasado por dos cirugías y en su ojo derecho usa una prótesis de acrílico pintada a mano. Junto a Gustavo Gatica, uno de los rostros más representativos del trauma ocular, y otras ocho víctimas formaron Hacia la Victoria, una banda que les permitió encontrar un espacio en común y liberar las emociones contenidas.

 

Al ser un plan integral, al área de oftalmología, que comenzó a funcionar en 2022, se unió un grupo interdisciplinario de funcionarios en enero de 2023. En esa convocatoria llegó Christopher Rauld, coordinador de Salud Mental de Pacto Concepción.

Desde su oficina ubicada en dependencias del COSAM, el profesional –que ha desempeñado toda su carrera en el sector público–, detalla que durante seis meses revisaron más de mil fichas médicas que aludían a lesiones del estallido, y a través de esa búsqueda activa identificaron a los pacientes que quisieran acceder a psicoterapia.

El psicólogo recalca la importancia de apoyar a las víctimas en salud mental: “si no lo hacen se da el efecto que llamamos trauma transgeneracional, que se va transmitiendo la experiencia o la reacción al evento traumático, que es una reacción defensiva, y cuando se rigidiza y se instala en mi vida y en mi personalidad, puedo lesionar a las generaciones que vienen detrás”.

Las atenciones psicológicas se incorporaron cuatro años después del trauma, por lo que, según Christopher, “muchos habían pasado por un proceso de contención, de primera ayuda psicológica. Ahora ya estaba más instalada la lesión psíquica”.

“Han sido estigmatizados, por tener ciertas lesiones los insertan automáticamente en el lugar de la delincuencia, entonces hay un trabajo psicosocial, colectivo, simbólico y de reparación que no se está entregando a estas personas, se mantienen en la exclusión”, explica el profesional sobre uno de los nudos del proceso.

A ello se suma otro malestar reiterado: el sentimiento de abandono. En palabras del terapeuta, “las víctimas viven con la sensación de que esto (la movilización) lo iniciamos como colectivo y ahora estamos solos, entonces cómo lidiamos con la soledad y ese colectivo que hoy en día pareciera no estar sensibilizado con lo que estamos viviendo y se olvidaron de nosotros”.

En eso concuerda Rodrigo, quien cuestiona el prejuicio que enfrentan las víctimas: “que ahora nos tachen de delincuentes es una falta de respeto, falta de empatía y demuestra muy poca humanidad. Éramos más de cuatro millones de personas en las calles y no es justo que nos tachen de delincuentes”.

 

“La principal alerta clínica que levantamos es cuando empiezan a cuestionarse que esto no tiene sentido”, dice el especialista. Hay momentos complicados. Además del 18 de octubre, señala que “la muerte de Piñera, por ejemplo, también fue una fecha importante”, donde revivieron sensaciones de “impunidad, rabia, impotencia, que no pagó” o “lo que sucedió con el Apruebo y Rechazo. Es una revictimización tras otra”.

El área de salud mental comenzó con 15 pacientes y el psicólogo recalca que “la puerta está abierta constantemente, cualquier persona que tenga un antecedente clínico u otro medio de prueba, con una lesión asociada a ese periodo (octubre de 2019 a marzo de 2022), puede acceder”.

Pacto es un programa que acompañará a las víctimas durante todo el ciclo vital, por eso en salud mental las altas son terapéuticas y no administrativas, es decir, los casos nunca se cierran.

 

Una investigación de la Universidad de Chile permitió diseñar un índice de impacto visual-funcional (IPVF) para cuantificar las dificultades de quienes resultaron con pérdida de visión severa, durante las movilizaciones. Este índice establece la relación directa entre la pérdida visual y las complejidades en actividades cotidianas esenciales. El estudio concluye que el uso de armas cinéticas para el control de multitudes resultó en un índice alto y extremo y, en gran parte de los casos, ceguera monocular, provocando importantes problemas en el trabajo, estudio y pasatiempos.

En ese marco, además de la rehabilitadora efectiva, otra forma de reparar es la memoria.

Rodrigo y Christopher actualmente tienen un lazo de paciente y terapeuta. Ambos marcharon en las protestas de 2019. No es la única coincidencia: valoran el aporte de Pacto, pero concuerdan en que tiene oportunidades de mejora. Para Rodrigo, el programa debería ser autónomo en la utilización de los recursos y no administrado financieramente por los hospitales. Según Christopher, una mayor conexión de las distintas áreas evitaría la fragmentación y entregaría un servicio superior a los usuarios.

El INDH recibió denuncias por 6.807 hechos vulneratorios. Los más frecuentemente reportados por las víctimas fueron golpizas, con 2.095 (30,8%); disparos, con 1.844 (27,1%); y desnudamientos, con 381 (5,6%).