En medio de semanas marcadas por hechos de violencia en establecimientos educacionales de todo el país, con el asesinato de una inspectora en Calama como su expresión más brutal, el gobierno anunció el envío al proyecto de Ley de Seguridad Escolar “Escuelas Protegidas”.
Con el objetivo de acercar los principales aspectos de esta iniciativa a las comunidades educativas, autoridades regionales participaron de un encuentro de socialización en el Colegio Santa Luisa de Concepción, establecimiento que atiende a una matrícula de 1.040 estudiantes, de Pre-Kinder a Cuarto Medio.
Los ejes de la propuesta del Ejecutivo establecen, entre otros aspectos, la inhabilidad para acceder a la gratuidad por delitos que atenten contra la vida o contra la propiedad, la aplicación de sanciones por interrupción de clases, la revisión de mochilas en los establecimientos y la prohibición del uso de accesorios como gorros, capuchas o pasamontañas.
Julio Anativia, delegado presidencial regional, recalcó que “la situación de la violencia y convivencia escolar nos preocupa”. “Agradecemos a la comunidad por recibirnos para informar de qué se trata el proyecto y el trabajo para abordar esta compleja realidad”, indicó.
Una visión compartida por la seremi de Educación, Teresa Carrasco, quien afirmó que este proyecto de ley “es de completo sentido para las comunidades educativas”.
Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Richard Soto, abordó los aspectos relacionados con su cartera en el marco de este paquete de medidas, donde se propone modificar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos en recintos educacionales.
Soto profundizó también en el rol del Ministerio de Seguridad Pública en la prevención de hechos de violencia en los establecimientos educacionales, teniendo presente la balacera en el colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz, ocurrida en mayo del año pasado.
Desde la comunidad del Colegio Santa Luisa agradecieron la posibilidad de conocer de voz de las autoridades los alcances de este proyecto de ley. Andrés Carter, rector del establecimiento y presidente de la Red de Colegios Particulares y Subvencionados de la Región del Biobío, RedCol, sostuvo que la iniciativa “va en la dirección correcta”.
Finalmente, el delegado presidencial se refirió al trabajo de la PDI que permitió identificar al responsable de las amenazas de tiroteo en el Colegio Madres Dominicas de Concepción, reportadas a inicios de esta semana, y que correspondieron a una broma efectuada por un estudiante del establecimiento. Julio Anativia sostuvo que este tipo de situaciones implica que “van a tener que presentarse judicialmente, responder tanto la familia como los estudiantes. Hay que tomarlo con la seriedad que corresponde y nosotros como gobierno vamos a apoyar que se hagan todos esos procesos para esclarecer todas las situaciones. El llamado es a no hacer este tipo de bromas que los van a hacer pasar también un muy mal rato”.
