La Sala de la Cámara aprobó las modificaciones que el Senado introdujo al proyecto de ley que “establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa”.
La iniciativa “Escuelas Protegidas” está estructurada sobre la base de distintas medidas para enfrentar los hechos de violencia que se cometen al interior de establecimientos educacionales.
En el debate se recalcó que el proyecto es un avance porque no hay aprendizaje si la violencia se instala en la sala de clases y se reiteró que la violencia escolar afecta el derecho a la educación.
Tras la votación en la Sala, la ministra de Educación, María Paz Arzola, agradeció la rápida tramitación en el Congreso y valoró que “los establecimientos educativos puedan contar con estas nuevas herramientas y facultades que el proyecto les otorga”.
Medidas aprobadas
El proyecto permite a los sostenedores incorporar en sus reglamentos internos medidas como revisar mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas. No obstante, el Senado añadió que se podrá solicitar al estudiante mostrar o vaciar el contenido de los bolsillos.
Así, de encontrarse elementos potencialmente peligrosos, se deberá comunicar de manera inmediata a los padres y apoderados del estudiante, así como a Carabineros o a la Policía de Investigaciones.
El Senado también modificó qué ocurre en caso de negativa del estudiante a la revisión. En esta situación, si esta negativa persiste, incluso en presencia de sus padres o apoderados, estos deberán retirar las pertenencias del establecimiento y el sostenedor deberá informar a la Oficina Local de la Niñez.
El diputado Ricardo Neumann (UDI) destacó que “nunca más un funcionario de la educación o integrante de la comunidad educativa va a verse afectado en su integridad física”.
En el caso de condenas contra la propiedad, ahora se acotó que deben corresponder a delitos cometidos en establecimientos educacionales, instituciones de educación superior o sus inmediaciones.
Las modificaciones aprobadas también incorporan que los adultos condenados por delitos cometidos en contra de un profesional o asistente de la educación tendrán prohibición de celebrar contratos con el Estado por 3 años. Asimismo, los reglamentos internos podrán suspender el derecho de ingreso a los establecimientos de los padres o apoderados que hayan agredido física o verbalmente, o por medios digitales, a un funcionario del plantel o a un estudiante.
El diputado Luis Pardo (RN) señaló que “vamos a seguir avanzando para erradicar la violencia y mejorar la convivencia dentro de los establecimientos”.
Por otro lado, el diputado Juan Santana (PS) cuestionó la “contradicción” que observa al considerar que “mientras el Gobierno empuja este proyecto de ley se le recortan $500 mil millones al ministerio de Educación”.
En materia de pérdida de gratuidad en la educación superior, la norma establece que no podrán recibir este beneficio aquellos estudiantes condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o la indemnidad sexual (añadido en el Senado) de las personas o contra la propiedad, pública o privada.
En esa línea, la diputada Daniela Serrano (PC) anunció que aplicarán reservas de constitucionalidad en contra de la norma que restringe la entrega del beneficio de gratuidad y por vulnerar garantías constitucionales, como el respeto a la vida privada y la honra.
En tanto, desde el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, el presidente del gremio, Mario Aguilar, criticó que la normativa ataca los efectos de la violencia, pero no las causas.
“El problema de la violencia tiene un origen que es mucho más profundo que el enfoque que le está dando el Gobierno”, declaró el dirigente.
Aguilar agregó que “para abordar efectivamente el origen de los problemas que causan la violencia en las escuelas, hay que atender la salud mental”.
En el Senado se estableció la gradualidad para la entrada en vigencia de las diversas normas del presente proyecto, en concordancia con la vigencia de la ley N° 21.809, sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas y los respectivos reglamentos.
