La fallida reunión en Temucuicui de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, fue el gran tema que marcó la pauta de este martes en los medios de comunicación chilenos. Su ocurrencia no resulta excepcional para los Dres. UdeC, Jeanne Simon y Manuel Antonio Baeza, quienes indican que, por el contrario, ello podría constituir una consecuencia directa del largo proceso de deterioro de la confianza hacia las instituciones, lo que se suma al progresivo predominio de las emociones en el terreno de la política y a otros factores puntuales.

Episodios como el protagonizado por María Música en 2008, quien a raíz del descontento manifestado por los secundarios del Liceo Darío Salas arrojó, ante la mirada desconcertada de la prensa, un jarro de agua a la entonces ministra de Educación, Mónica Jiménez; resultaban hasta ese momento un tanto inusuales. Sin embargo, dichas situaciones se han vuelto cada vez más frecuentes durante la última década, y han afectado a figuras pertenecientes a prácticamente todo el espectro político: desde la agresión a Gabriel Boric en el Parque Forestal, en 2019, hasta el chorro de agua que recibió Sebastián Piñera en su última semana como presidente de la República.

Para el Dr. Manuel Antonio Baeza, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción (UdeC), los eventos esporádicos de violencia registrados constituyen una consecuencia del preocupante deterioro de las democracias no solo en Chile, sino que en el mundo. El principal síntoma de dicho detrimento, explica, es el descrédito de la fe pública y la erosión del valor de la palabra en la gestión del bien común, lo que instala «una sospecha de traicionar el interés general. Las instituciones no son objeto de confianza social y, de manera brutal, algunas expresiones de demandas sociales tienen lugar en forma violenta».

Las causas de dicho proceso son diversas, pero en el caso chileno, podría deberse a la interrupción, desde 1973, de la larga tradición institucionalista que posibilitaba que las demandas sociales pudieran ser canalizadas a través de los partidos políticos y sindicatos del país. Dicha ruptura no fue subsanada tras el término de la dictadura, dado que la percepción de los actores con injerencia en el mundo público ya no era la misma.

En esa línea, el Dr. Baeza sostiene que las nuevas autoridades, que recién comienzan su cuatrienio, han marcado una distancia respecto de los gobiernos precedentes al manifestar una disposición al diálogo que puede apreciarse con claridad, por ejemplo, al revisar los discursos respectivos a la situación de La Araucanía. «Soy de los que piensan que los problemas de la democracia se deben enfrentar desde la democracia, no renunciando a ella», fue lo que sostuvo el académico.

Si dicha disposición al diálogo llegase a concretarse en acciones, será esa misma coherencia la que contribuirá a recuperar las deterioradas confianzas sociales.

Por su parte, la Dra. en Política Comparada y académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política UdeC, Jeanne Simon, considera que la violencia es un tema sumamente complicado de abordar, dado que en él se conjugan, en diferentes proporciones, factores muy diversos que deben analizarse caso a caso, lo que limita las posibilidades de generalización. No obstante, la investigadora advierte, en primera instancia, que son los temas relacionados con lo emocional y lo valórico los que generalmente suscitan respuestas agresivas.

También, la investigadora agrega que en otras ocasiones el desconocimiento sobre cómo opera nuestra burocracia genera conflictos entre la comunidad y las instituciones o los representantes. Por dar un ejemplo, en determinadas ocasiones la falta de difusión respecto de los procesos de evaluación ambiental y de consulta ciudadana puede provocar sensaciones de exclusión y frustración, lo que afecta a la confianza en las autoridades y puede relativizar sus roles.

El anterior no sería el caso de las agresiones como la sufrida este lunes por el constituyente Marcos Barraza, las que para Simon son más bien expresiones de una estrategia comunicacional que busca, justamente, desprestigiar a la Convención e instalar ciertas temáticas en las pautas de los medios de comunicación.

En ese sentido, la politóloga considera adecuadas las señales políticas dadas por el gobierno entrante, dado que una postura dialogante y horizontal podría abrir más espacios para la restauración de una paciencia que la ciudadanía ha ido perdiendo tras 30 años de promesas de mayor igualdad. Tanto ese proceso como el de solución a los problemas que afectan al país son lentos, por lo que la especialista sostiene que ello debe ser comunicado de manera efectiva para así regular las expectativas.

Lo anterior no supondrá el término de las situaciones de violencia, explica, dada la marginalización y exclusión de la ciudadanía de los procesos políticos. Por ello, decisiones como no responder con más represión ante las diversas manifestaciones serán claves a la hora de obtener resultados definitivos.