El Gobierno de José Antonio Kast ingresó la semana pasada un proyecto de ley que busca reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a través de cambios estructurales en la gobernanza, el mandato y las atribuciones del organismo, con el objetivo declarado de superar las “debilidades estructurales” que, según el Ejecutivo, dificultan el cumplimiento de su rol.
Con esto, y tal como lo señala el mensaje del proyecto, se reafirma “su carácter principalmente consultivo y técnico”, despojándolo de una de sus herramientas más importantes para la protección de derechos humanos, como las que el INDH ha venido ejerciendo hasta ahora, en particular en el contexto de su vulneración por los órganos o agentes del Estado.
En Nuestra Pauta, la directora regional del Instituto, Carolina Chang Rojas, explicó que “no vamos a poder ejercer la labor propiamente tal de protección, que va en detrimento de todas las personas que habitan el territorio de la República”.
Respecto de la percepción que hay en el Ejecutivo sobre la labor del INDH, sobre todo tras lo ocurrido durante el estallido social, la representante regional sostuvo que “hay un sector político, que es parte del gobierno, que cree que nosotros no requerimos esta facultad de querellarnos y además está muy ligado a la idea que perseguimos solamente a carabineros”.
En esa misma línea, Chang precisó que el actuar del Instituto comienza cuando los agentes del Estado actúan más allá de lo que la ley les permite.
Además, el informe financiero que acompaña el proyecto de ley confirma que el objetivo es reducir la capacidad de protección del Instituto, eliminando las sedes regionales y hasta el 70% de los abogados del organismo.
En materia de gobernanza, el proyecto reduce el Consejo del INDH de 11 a 5 integrantes, con un mandato de cuatro años y la posibilidad de una sola reelección (actualmente podían ejercer hasta por 12 años continuos). La medida busca, según el Ejecutivo, hacer más eficiente la toma de decisiones y evitar la “concentración prolongada de poder”.
El sistema de designación también cambia. De los cinco consejeros, dos serán designados por el Senado (a partir de una nómina de organizaciones de la sociedad civil propuesta por el Presidente de la República), dos serán elegidos directamente por la Cámara de Diputados, y uno será designado por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del Consejo de Rectores y autónomas.
En ese sentido, Chang criticó que con estas medidas se reduce la autonomía del Instituto y planteó que a nivel internacional “actualmente estamos en la categoría más alta, precisamente porque cumplimos con todos los requisitos de ser autónomos, pluralistas, independientes y con esta modificación lo más probable es que nunca más logremos la categoría A”.
Finalmente, desde el organismo indicaron que “un Instituto que no puede querellarse, que pierde a sus abogados, que se retira de las regiones y cuyo primer Consejo es propuesto por el Gobierno deja de ser una institución nacional de derechos humanos conforme a los Principios de París. Se convierte en un órgano consultivo bajo tutela política y las primeras en perder serán las víctimas de violaciones a los derechos humanos en su amplio espectro, es decir, quienes han sido asistidas por el INDH para acceder a la salud, educación, vivienda, medio ambiente libre de contaminación, derecho al agua o que han sido vulneradas en su integridad física o psíquica”.
Asimismo, hicieron un llamado al Congreso Nacional “a no aprobar el proyecto en estos términos. Cualquier reforma al INDH debe fortalecer su mandato de promoción y protección, no desmantelar su arquitectura institucional; debe garantizar su autonomía conforme a los Principios de París, y construirse con participación del Instituto, de la sociedad civil y de las instancias internacionales competentes”.
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