A pocas horas de la renuncia de tres altos cargos del Gobierno Regional del Biobío en el marco del Caso Convenios, el Ministerio Público acudió en compañía de la Policía de Investigaciones (PDI) hasta el edificio institucional del citado organismo, ubicado en la Avda. Prat #525 de Concepción, para confiscar documentos y equipos electrónicos que puedan contribuir al esclarecimiento de la indagatoria. En la oportunidad, también se confirmó la existencia de personas «imputadas» y «sujetos de interés» dentro de la arista que hoy golpea a la administración encabezada por Rodrigo Díaz.
La diligencia fue encabezada por la fiscal anticorrupción de la Fiscalía del Biobío, María José Aguayo, quien detalló que las incautaciones fueron efectuadas tanto de manera «voluntaria» como por la vía «judicial» y atañen a las «cinco investigaciones vigentes» relacionadas con la entidad regional.
Por ello, la persecutora efectuó un balance «bastante positivo» de la jornada, dado que lo confiscado permitirá avanzar en el esclarecimiento de los eventuales delitos de negociación incompatible, enriquecimiento ilícito, fraude al fisco, corrupción, entre otros.
Imputados y evidencia
Consultada por la duración que podrían tener estas cinco investigaciones, Aguayo afirmó que ello dependerá de «la naturaleza» de cada caso, pero que, de todas formas, «no serán (…) de corto aliento».
Asimismo, la fiscal Aguayo detalló que, de momento, las indagatorias consideran a personas «imputadas» y a otro grupo de «sujetos de interés». Sus identidades, así como otros detalles sobre los involucrados, permanecerán en reserva, dado el carácter secreto de la investigación.
Cabe destacar que, durante la misma jornada, los consejeros regionales del Biobío, Piero Blas y Gabriel Torres, solicitaron pesquisar el ingreso de dos funcionarios del GORE Biobío al edificio institucional durante la noche del sábado 29 de julio, por la eventual alteración de la evidencia relativa a los casos.
Requerida por dicho tema, la fiscal anticorrupción respondió que, de momento, «no existen mayores antecedentes» para sostener una afirmación de tales características.
Respecto de la incautación, el GORE Biobío emitió un comunicado en el que aseguró que la entrega de los documentos y computadores fue efectuada «de manera voluntaria» y con la finalidad de «esclarecer cualquier situación que pudiese ser irregular». También, la entidad reiteró su compromiso con la transparencia y su «colaboración en la entrega de toda la información necesaria».