El Gobierno presentó este jueves un proyecto de ley de inteligencia financiera, que propone generar una red entre los diferentes servicios del Ministerio de Hacienda, de Aduanas e Impuestos Internos para el análisis de microdatos y la persecución de delitos económicos.

La medida fue mencionada inicialmente por la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, quien este lunes afirmó que la citada iniciativa buscaría seguir «la ruta del dinero» a través del desarrollo de «unidades de inteligencia financiera que logren, bajo procedimientos investigativos, incluso levantar el secreto bancario y ver los movimientos que tienen los bancos criminales». 

Así, esta jornada fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el encargado de explicar los contenidos del proyecto «Ley de Inteligencia Económica contra el Delito» el que contará con tres ejes: desarrollar un ecosistema de inteligencia financiera, prevenir y detectar tempranamente operaciones económicas sospechosas y crear facultades más intrusivas y sancionatorias.

«Los servicios relacionados con el Ministerio de Hacienda tienen información relevante para detener y prevenir conductas vinculadas con el crimen organizado, como es el caso de la información tributaria, financiera, de importaciones y exportaciones entre otras, pero muchas veces las instituciones no tienen los sistemas ni la capacidad humana y técnica para procesarla analíticamente», detalló el jefe de la billetera fiscal.

Por ello, continuó, Marcel, el proyecto apunta a crear unidades de inteligencia «dentro del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos y regular su coordinación con la unidad de análisis financiero y el sistema de inteligencia del Estado, dialogando con lo que establece el proyecto sobre inteligencia». Dichos grupos incorporarán metodologías de inteligencia artificial para el análisis de microdatos que podrían develar conductas sospechosas.

Todo lo anterior, de acuerdo con el titular de Hacienda, será utilizado para conducir a la aplicación de «sanciones o medidas de carácter preventivo». 

Cabe destacar que la medida ya se encuentra ingresada, por lo que será el Congreso el que deberá determinar cuándo iniciará su discusión.