La recientemente promulgada ley que endurece las penas contra delitos económicos y atentados contra el medio ambiente ha sido descrita como uno de los avances y cambios más importantes al sistema penal, ya que introduce un tratamiento distinto de la criminalidad económica en comparación con la común, reconociendo los daños sociales significativamente mayores que puede provocar.
El nuevo marco legal establece diversas modificaciones que buscan prevenir la comisión de delitos económicos a través de imposición de mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno, así como a los directivos y gerentes de las empresas.
Entre las principales novedades, se limitan los casos en que las penas podrán cumplirse en libertad, se crean nuevos delitos y se actualiza el delito de lavado de activos, los condenados no podrán ejercer cargos públicos ni gerenciales y no podrán establecer contratos con el estado y establece los delitos de contaminación de aguas y suelos o el daño a parques nacionales y humedales.
Para la Dra. Diva Serra Cruz, académica del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UdeC, se trata de una norma que «busca hacerse cargo en términos específicos de esta delincuencia que tiene características distintas a la que solemos conocer».
La Dra. Serra profundizó en el hecho de que, bajo el antiguo marco legal, los delitos económicos terminaran en su mayoría sin condenas, señalando que «no es una percepción ciudadana, es real y la ley busca corregirlo».
En este sentido, sostuvo que «al menos en este caso, la ley trata de ponerse al ritmo de los tiempos (…) Se busca corregir esta tendencia a la desigualdad en la persecución de este fenómeno».
Respecto de los desafíos para la institucionalidad, señaló que probablemente se requiera la constitución de unidades especiales en el Ministerio Público, ya que «en términos numéricos, esto va a suponer una explosión de casos en relación a los delitos cometidos en contextos de empresa y a la persecución de la responsabilidad penal de las empresas, que hasta ahora era muy limitada».
Finalmente, la académica indicó que «otro desafío es la formalización especializada. En general, el derecho penal económico no a todo el mundo le llama la atención (…) Una cantidad importante de operadores del derecho van a tener que formarse en cómo llevar adelante todo esto, es un desafío gigantesco hacer que la ley no se convierta en letra muerta».
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