Una agenda legislativa en derechos humanos, consistente en cinco proyectos de ley, fue presentada este martes por el Gobierno para avanzar en verdad, justicia, reparación y no repetición en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973. Dentro de las iniciativas, destaca el levantamiento parcial del secreto de los informes Valech I y II, para así brindar los antecedentes al Plan Nacional de Búsqueda con el objetivo de determinar las trayectorias de las personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura cívico-militar.
El conjunto de normativas fue presentado en el Parque Cultural de la comuna de Valparaíso por parte de los ministros de la Secretaría General de la Presidencia; de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y de Justicia y los Derechos Humanos.
En la instancia, se adelantó el ingreso de cinco proyectos de ley, centrados en tipificar los delitos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial; en calificar jurídicamente el ausentismo por desaparición forzada y establecer un registro especial para las víctimas; en eliminar el carácter reservado o restringido de las leyes secretas elaboradas durante la dictadura; en implementar una Política Nacional de Memoria y Patrimonio; y en permitir el acceso a los testimonios recabados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, por parte del Plan Nacional de Búsqueda.
Respecto de estos cinco proyectos de ley, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, aseguró que buscan «hacerse cargo de un pasado doloroso» e instaurar «mejores herramientas» para la construcción de «un mejor futuro» en el que no se cometan dichos crímenes.
Respecto de la Política Nacional de Memoria y Patrimonio, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, detalló que su elaboración será conducida a través de una mesa técnica que, dentro de sus lineamientos, considerará fortalecer tanto las regulaciones como los mecanismos de financiamiento y mantención de los sitios de memoria, memoriales y otros.
El secreto
El punto que concentró la mayor atención mediática durante la presentación fue, sin duda, la posibilidad de que sea levantado parcialmente el secreto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Sobre este punto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, precisó que se buscará brindar acceso a los tribunales y al equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda a los antecedentes contenidos en los informes Valech I y II, «en los mismos términos que lo tiene actualmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos».
Lo anterior permitiría pesquisar la información contenida en los documentos y, además, trazar las «trayectorias» de las personas detenidas y desaparecidas. Tanto el acceso a los informes como la publicación de los eventuales hallazgos serían mediados por el consentimiento de las víctimas o de sus herederos.
Asimismo, el ministro Cordero puntualizó que, en el pasado, los antecedentes de los informes Valech I y II ya han sido puestos a disposición de los tribunales en diversas ocasiones, ya sea a través de acciones presentadas por las propias víctimas o por medio de requerimientos al INDH.
Consultado respecto de si el Ejecutivo contará o no con los votos necesarios para aprobar el levantamiento parcial del secreto de los informes, el ministro Cordero enfatizó en que existe «una razón de persuasión suficiente» para que el Congreso saque adelante las iniciativas.