El Ministerio de Medio Ambiente informó la resolución de declaratoria del Humedal Urbano Rocuant-Andalién, un importante paso para la protección de uno de los ecosistemas más valiosos del Gran Concepción
Este humedal cuenta con una superficie de 1.377,2 hectáreas y se localiza principalmente en la comuna de Talcahuano, formando parte de un sistema ecológico mayor que se conecta con Penco y Hualpén.
En este ecosistema habitan y descansan diversasespecies de aves como la gaviota de Franklin, zarapito común, pitotoy chico, gaviotín elegante y pelícano peruano. También es hogar de aves residentes como cisnes, taguas y patos, además del coipo, especie clave para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos.
Pablo Pinto, seremi de Medio Ambiente, destacó este hito e indicó que, bajo la actual administración, la cantidad de humedales protegidos por ley a nivel regional es de 25, lo que equivale a más de 2.400 hectáreas.
Oposición de los gremios
Sin embargo, la declaratoria fue cuestionada por gremios productivos de la región, quienes a través de una declaración pública expresaron su “profunda preocupación” por este dictamen, el que “aparece más bien como una acción de última hora de la administración saliente que como el resultado de un proceso técnico serio y completo”.
“Consideramos que las consecuencias de esta resolución apresurada de la autoridad saliente son graves, pues implican la paralización de proyectos urbanos estratégicos, la generación de incertidumbre jurídica sobre terrenos destinados al desarrollo, el desincentivo a la inversión privada y un impacto directo en el empleo y en la planificación territorial del Gran Concepción, afectando la certeza jurídica que requieren los proyectos de inversión para desarrollarse”, agregaron.
Por esta razón, los gremios regionales plantearon que “estimamos que la resolución debe ser revisada por las nuevas autoridades del Ministerio del Medio Ambiente, inconsistencias y observaciones técnicas que han sido planteadas durante el proceso (…) se trata de una resolución administrativa, la cual puede ser revisada y eventualmente corregida mediante un nuevo acto administrativo, incorporando adecuadamente los antecedentes técnicos disponibles y las rectificaciones inconsistencias y observaciones técnicas que han sido planteadas durante el proceso”.
“Nuestro planteamiento no busca debilitar la protección ambiental. Por el contrario, creemos que la protección de ecosistemas relevantes debe sustentarse en procesos sólidos, técnicamente fundados y ampliamente legitimados, precisamente para fortalecer la credibilidad de las políticas ambientales en el país”, concluye el documento.
