Un total de 172 denuncias por presuntos traspasos irregulares de recursos a fundaciones por parte de seremis o gobiernos regionales han sido recibidas por la Contraloría General de la República (CGR), luego de que estallara el llamado Caso Convenios. Dicha información fue proporcionada durante este martes por el jefe del citado organismo, Jorge Bermúdez, quien asistió a la comisión de Vivienda del Senado para revisar los antecedentes del caso, detallar cuáles son los mecanismos que han sido utilizados para defraudar al Estado y proponer algunas fórmulas legales para resguardar de mejor manera la probidad.

Al inicio de su presentación, Bermúdez planteó que la CGR ya había manifestado en el pasado sus aprehensiones «respecto de las transferencias de recursos públicos a privados», sobre todo, ante los casos relativos a la distribución de agua potable en camiones aljibe, los fondos COVID, las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), entre otros.

Los convenios

En lo relativo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el contralor planteó que durante los últimos ocho años han sido efectuadas 242 auditorías e investigaciones especiales a la institución, de un total de 7.056 a nivel nacional, lo que, a su parecer, permitiría concluir que no se trata de una entidad «poco auditada».

En el caso específico del hoy polémico Programa de Asentamientos Precarios del Minvu, Bermúdez sostuvo que el mismo establece que, en oposición a las entidades públicas, las transferencias o convenios con privados no deberán estar sujetos al control de las leyes de Compras y de Transparencia, y las normas de probidad, de rendición de cuentas, entre otras de carácter general.

En el caso específico de la fundación Democracia Viva, los tres convenios cuestionados se adscriben, justamente, al Programa de Asentamientos Precarios; y poseen objetivos similares y montos relativamente bajos, lo que posibilitó su aprobación en el pasado mediante resoluciones exentas y sin la toma de razón por parte de la CGR.

Respecto de este último trámite, Bermúdez sostuvo que hubiera sido «sumamente relevante» que la institución que encabeza determinara la existencia de conflictos de interés y, junto con ello, revisara la fundamentación específica de cada convenio, así como las metas y los plazos estipulados, la inscripción de los destinatarios en el registro de receptores de fondos públicos, entre otros aspectos.

Las limitaciones

Luego de la recepción de las denuncias, el contralor general detalló que se determinó oficiar al Minvu el pasado 22 de junio, por lo que los antecedentes fueron recepcionados el día 30 de ese mismo mes, lo que permitió «instalar personal especializado para realizar una auditoría en la seremi de Antofagasta». También, se tomó la decisión de postergar otras investigaciones para concentrar los esfuerzos en las transferencias efectuadas por otras secretarías regionales ministeriales y los gobiernos regionales.

Sin embargo, dichas investigaciones se han visto limitadas por las normas que restringen la fiscalización a privados, lo que incluye a aquellas entidades que «realizan una función o reciben recursos públicos». En esa línea, la CGR tampoco puede cuestionar los méritos de las decisiones adoptadas por instituciones públicas como los ministerios, limitándose simplemente a efectuar auditorías de cumplimiento.

En ese sentido, Bermúdez advirtió que «si la densidad normativa es baja» o si «las normas poseen grietas», nunca se registrarán grandes hallazgos.

Las herramientas

Las transferencias a privados alcanzan, en la actualidad, $1,4 billones, correspondientes al 1,8% del presupuesto de la nación.

Para fortalecer su regulación en el corto plazo, Bermúdez propuso, en primer lugar, eliminar la expresión «corrientes a instituciones privadas» del artículo 23 de la Ley de Presupuestos, lo que fue ampliamente acogido por los parlamentarios de la comisión. Además, se consideró necesario dictar un instructivo de aplicación general, por parte del Ministerio de Hacienda, respecto del contenido de los convenios de transferencia y la correspondencia entre sus objetivos y finalidades.

También, se sugirió establecer la obligación de adscribirse al Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas y exigir, dentro de los convenios, la constitución de garantías a partir de los montos transferidos y la determinación de sanciones para los casos en que exista una mala utilización de los recursos.

En el mediano plazo, en tanto, se consideró aplicar a los destinatarios de las transferencias el estatuto de probidad de la nueva Ley de Compras Públicas, así como fortalecer el registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos.

Por último, en el largo plazo se propuso trabajar en una ley marco sobre transferencias del Estado, basada en las minutas presentadas por la CGR en 2020 y en algunos de sus documentos internos; además de diseñar un sistema de información que registre cada monto cedido a través de este mecanismo.

Al término, Bermúdez se refirió a las críticas de quienes consideran que la Contraloría intervino tarde en el Caso Convenios, ante lo que indicó que «no todos los recursos públicos» ni «todo lo que hace el Estado» está sujeto «a un control previo» por parte de la institución. En concordancia con lo planteado frente a la comisión, llamó a considerar, dentro del nuevo proyecto constitucional, la posibilidad de extender las revisiones de la CGR a los proyectos ejecutados por privados, tal como ocurre «en los países serios».