Sin claridad permanece el futuro de la acusación constitucional en contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la que será evaluada durante este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados. Mientras desde la oposición insisten en que el secretario de Estado posee responsabilidad respecto de diferentes irregularidades, desde el Gobierno reiteraron que el texto carece de argumentos político-jurídicos y que, incluso, se fundaría en la homofobia.

Nuevos cuestionamientos fueron sumados a la previa de la votación de líbelo acusatorio, luego de que este lunes el diputado Diego Schalper (RN) reavivara la polémica por el supuesto pago, por parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junaeb, de $3 mil 500 millones a cambio de solo 30 colaciones, situación que habría tenido lugar durante 2022. Específicamente, el parlamentario aseguró que esta última institución habría eliminado todos los «datos» relativos al caso desde el Portal Transparencia, lo que a su parecer resultaría «curioso» y contrario al desmentido efectuado por la entidad durante la última semana.

La nueva acusación fue inmediatamente desestimada por Junaeb a través de un comunicado, en el que se detalló que los archivos aludidos corresponderían a una «carpeta de trabajo» que habría sido compartida con todas «las empresas que mantienen contratos vigentes» con el PAE, por lo que su acceso se mantendría acotado «al periodo de tiempo en el que se les comparte». Por lo mismo, la institución invitó a los interesados a solicitar cualquier «información adicional» a través de Transparencia.

Sin fundamentos

En medio de ese clima de agitación, el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, fue consultado por el futuro de la acusación constitucional en contra de Marco Antonio Ávila.

Al respecto, el secretario de Estado afirmó que el Gobierno posee la «convicción profunda» de que el líbelo «carece de fundamentos jurídicos», al «no existir infracción» alguna por parte de su par del Mineduc. Por ello, se mostró confiado en que el texto será rechazado.

En cuanto a una eventual influencia del Caso Convenios en el resultado de la votación de este miércoles en la Cámara de Diputados, Elizalde afianzó que «cualquier otra consideración ajena al mérito de la acusación misma (…) es inadecuada».

Inspirado en la homofobia

La situación también fue abordada por la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, en el marco de su participación en el espacio Vocería Informa. Junto con advertir que todos quienes participan en política deben «demostrar que están a la altura», la autoridad central reiteró que «no hay argumento jurídico» que sostenga la acusación constitucional contra el titular del Mineduc.

Asimismo, Vallejo enfatizó en que el líbelo se ha «inspirado en la homofobia y la discriminación», dado que, a su parecer, no existiría «una sola línea» del documento debidamente sustentada. Incluso, apuntó que algunos de sus puntos corresponden a faltas cometidas por municipios, mientras que otras premisas guardarían relación con un «periodo» diferente al «de su administración». 

Ante la posible influencia del Caso Convenios en la votación de este miércoles, la vocera de Gobierno afirmó que sería una «una pequeñez política» el hacer pagar a un ministro de Estado «por las acciones de inescrupulosos en particular».

Cabe destacar que, de manera preliminar, se calcula que Chile Vamos y el Partido Republicano actuarán como un solo bloque dentro de la Cámara Baja, y que a ellos se sumarán seis de los siete integrantes de la bancada Social Cristiana, además de Gonzalo de la Carrera (ind), Karen Medina (PDG) y Francisco Pulgar (PDG). Con ello, la acusación totalizaría 72 respaldos.

Desde el oficialismo, en tanto, se contabilizarían 62 votos en contra del líbelo, a los que podrían agregarse los de los tres independientes, Camila Musante, Mónica Arce y Félix González; el de Miguel Ángel Calisto, por parte del Centro Democrático Unido (CDU), quien manifestó que aún no logra «descubrir la falta del ministro»; y el de Alberto Undurraga (DC), quien dijo a título personal que la acusación «no tiene mérito» al no configurarse «ninguna infracción a la Constitución».